Por Pablo Sáez Hurtado · Delvy A.I. | Presidente Comisión Joven ENATIC | Director General BeAI Foundation | Gestor Ético OdiseIA
Su Escuela Internacional de Doctorado transforma la IA generativa en una cuestión de integridad, trazabilidad y control humano, y ofrece a universidades, empresas y despachos el modelo de gobierno que pronto dejará de ser opcional
De la prohibición instintiva a la gobernanza adulta
Hay tecnologías que entran en las instituciones por la puerta principal y otras que se cuelan por cada pantalla. La inteligencia artificial generativa pertenece a la segunda categoría. Antes de que universidades, empresas y despachos decidieran cómo gobernarla, estudiantes, investigadores y profesionales ya la utilizaban para buscar bibliografía, resumir documentos, corregir textos, generar código o explorar hipótesis. El problema dejó de ser si la IA debía entrar. Ya estaba dentro. La cuestión pasó a ser bajo qué reglas, con qué límites y quién respondería cuando la comodidad tecnológica chocara con la autoría, la confidencialidad o la integridad.
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha decidido contestar antes de que el primer gran incidente escriba la respuesta. Su Escuela Internacional de Doctorado ha aprobado una Guía de Buenas Prácticas en el Uso de la Inteligencia Artificial Generativa en la Investigación Doctoral: cuarenta y seis páginas, disponibles en español e inglés, aprobadas por unanimidad por el Consejo de Gobierno el 29 de mayo de 2026. No es otra declaración genérica sobre ética digital. Es un intento serio de convertir una tecnología ubicua en una práctica institucional gobernable.
La relevancia desborda el campus. Lo que la URJC ha construido para el doctorado anticipa el movimiento que llegará a despachos, empresas, consultoras y administraciones: guías internas sobre usos permitidos, cautelas, prohibiciones, responsables, trazabilidad y actualización. Como ocurrió con las redes sociales, la secuencia se repite: rechazo inicial, adopción espontánea, uso controlado y códigos de conducta. La diferencia es que la IA no solo comunica. También propone, redacta, clasifica, decide y puede ocultar el origen de su intervención.
Una guía que protege el proceso, no solo la tesis
El punto de partida es sólido. En el doctorado no se evalúa únicamente un documento terminado. Se evalúa la capacidad de formular preguntas, diseñar una metodología, interpretar resultados, construir conocimiento original y defenderlo con autonomía. Por eso una tesis impecable puede ser defectuosa si el proceso que la produjo no pertenece realmente al doctorando. La guía entiende que la IA puede ampliar capacidades, pero también falsificar la apariencia de madurez investigadora.
Su respuesta evita dos extremos pobres. No cae en el prohibicionismo que trata cada uso como fraude, ni en la permisividad que confunde innovación con delegación. Admite apoyos instrumentales en planificación, bibliografía, corrección lingüística, visualización o programación, pero reserva al investigador el diseño intelectual, la metodología sustantiva, la interpretación y las conclusiones. La fórmula es clara: la IA acompaña; el doctorando decide, escribe y concluye.
Ese equilibrio se elaboró mediante una comisión multidisciplinar constituida el 4 de febrero de 2026. Vanessa García Herrera presidió un grupo integrado por Elena Battaner Moro, Elisabet Huertas Hoyas, María del Mar Moreno Rebato y Francisco Antonio Serrano Acitores. Investigación, ética, defensa universitaria, digitalización y gestión doctoral quedaron sentadas en la misma mesa. La composición importa: una política diseñada solo por tecnólogos suele olvidar la institución; una redactada únicamente por juristas puede olvidar el funcionamiento real de la herramienta.
Ocho principios y una línea roja: la autoría no se delega
La arquitectura comienza con cuatro principios básicos: fiabilidad, honestidad, respeto y responsabilidad. Después despliega ocho principios específicos: integridad científica y autoría; transparencia y trazabilidad; responsabilidad y rendición de cuentas; autonomía académica y control humano; protección de datos y confidencialidad; justicia y no discriminación; verificabilidad metodológica; y prudencia técnica con actualización continua. La sostenibilidad aparece como exigencia transversal ante el consumo energético y computacional.
Pero el mérito está en traducirlos. La guía obliga a identificar la herramienta, explicar su finalidad y documentar su intervención. Incluye un modelo institucional de declaración de IA generativa. La transparencia deja de ser ceremonial y se convierte en pieza reconstruible del expediente doctoral. Declarar no exonera de responsabilidad: permite saber dónde intervino la máquina y dónde permanece la decisión humana.
La línea roja atraviesa el documento. La IA no es autora, no puede validar hipótesis, asumir decisiones metodológicas ni redactar conclusiones. Puede sugerir una estructura preliminar, pero no definir el objeto; puede ayudar a localizar literatura, pero ninguna referencia entra sin comprobación; puede generar código inicial, pero el investigador debe entenderlo, probarlo y documentarlo; puede mejorar una frase propia, pero no fabricar el núcleo argumental. En una época fascinada por el resultado, la URJC vuelve a exigir prueba del proceso.
La innovación decisiva: gobernar por dato, rol y riesgo
La aportación más transportable al mundo jurídico es su modelo de riesgo centrado en la información. El nivel uno desaconseja o excluye la IA ante datos personales sin garantías, información confidencial, materiales clasificados o compromisos con terceros. El nivel dos prioriza licencias institucionales y entornos controlados para proyectos oficiales, repositorios, convenios o datos anonimizados. El nivel tres admite herramientas abiertas para literatura pública, textos propios, traducciones, ideación o código no sensible, siempre con transparencia y verificación.
Este giro es crucial. La pregunta ya no es simplemente “¿puedo usar ChatGPT?”. Es “¿qué voy a introducir,¿quién lo recibirá, para qué se reutilizará y qué derecho podría quedar comprometido?”. La guía conecta así la investigación con RGPD, secretos empresariales, propiedad intelectual, patentes y el riesgo de destruir la novedad de una invención al divulgarla en un sistema externo. El prompt deja de parecer una conversación privada y revela su naturaleza: una transferencia potencial de información.
También distribuye responsabilidades. Doctorandos, directores, tutores, comisiones académicas, evaluadores externos y tribunales reciben pautas propias. Es uno de sus mayores aciertos. La IA ha transformado tanto la producción como la evaluación del conocimiento; por eso no basta con exigir virtud al usuario final. Quien supervisa debe saber preguntar, interpretar declaraciones, revisar borradores, detectar incoherencias y comprobar que la defensa oral demuestra dominio real.
La guía entra, además, en terrenos que muchas políticas apenas rozan: agentes capaces de encadenar tareas, automatización de búsquedas, generación de código, imagen, sonido y traducción, herramientas científicas especializadas, modelos asiáticos y usos sensibles en salud, biometría, ciencias jurídicas o investigación con poblaciones vulnerables. Su vocación no es congelar un catálogo, sino enseñar a razonar sobre sistemas que cambiarán continuamente.
Luces, sombras y la difícil prueba de la ejecución
El balance es muy favorable. La URJC ofrece arquitectura, no eslóganes; gradúa usos, evita el todo o nada y relaciona ética con obligaciones jurídicas. Su atención al dato, la propiedad industrial, la sostenibilidad y la corresponsabilidad institucional la convierte en una referencia madura. Que la comisión permanezca activa para actualizarla reconoce una verdad elemental: una guía tecnológica que no cambia termina regulando herramientas que ya no existen.
Pero el documento deberá superar cuatro pruebas. La primera es la dependencia de la declaración del investigador. Los detectores de textos generados siguen siendo imperfectos, de modo que la trazabilidad exigirá cultura, supervisión y evidencias del proceso, no una policía algorítmica. La segunda es disciplinaria: la guía remite a normas generales de fraude y convivencia, pero no gradúa el error, la negligencia y el engaño deliberado. La tercera es la rápida obsolescencia de las tablas de herramientas. La cuarta es cotidiana: quién resuelve dudas, autoriza excepciones, audita cumplimiento y comunica cambios.
Estas sombras no debilitan la iniciativa; definen su siguiente fase. Una guía viva necesita un órgano visible, formación obligatoria, canal de consultas, revisión periódica, protocolo de incidentes y criterios coherentes entre programas. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un excelente PDF que cada facultad interpreta de manera distinta.
Los despachos ante su próxima política imprescindible
La gran historia empieza cuando el documento sale de la universidad. Los despachos trabajan con secretos profesionales, datos personales, estrategias procesales, contratos, precedentes y materiales cuyo error puede producir responsabilidad. Si una tesis necesita reglas, un despacho las necesita todavía más. No basta con recordar que el abogado debe revisar. Hay que definir herramientas autorizadas, información prohibida, controles de proveedor, registro de usos, revisión humana, comunicación al cliente, respuesta a incidentes y formación mínima.
La guía de la URJC ofrece un molde adaptable. Un despacho puede clasificar asuntos por sensibilidad, reservar entornos corporativos para determinados datos, prohibir servicios abiertos en materias críticas, exigir verificación reforzada de citas y jurisprudencia, documentar automatizaciones y establecer cuándo debe declararse al cliente la asistencia de IA. Puede también vincular estas reglas con deontología, RGPD, ciberseguridad, propiedad intelectual y gobierno de terceros.
Y aparece un nuevo mercado jurídico. Empresas, universidades, hospitales, fundaciones y administraciones necesitarán políticas de uso de IA, matrices de riesgo, cláusulas con proveedores, evaluaciones de impacto, modelos de declaración, formación, auditorías y actualizaciones. Los despachos que aprendan a diseñar estas arquitecturas no solo reducirán su propio riesgo: venderán una capacidad que sus clientes aún no saben formular. El compliance algorítmico dejará de ser un documento de principios para convertirse en servicio recurrente.
Veredicto: quien escriba antes las reglas ganará autoridad
La URJC no ha resuelto todos los dilemas de la inteligencia artificial en la ciencia. Ha hecho algo quizá más importante: ha demostrado que la incertidumbre puede transformarse en método. Su guía acepta la tecnología sin rendirse a ella, protege la innovación sin sacrificar autoría y convierte la transparencia en una obligación operativa.
La historia de las redes sociales se repite, pero a mayor velocidad y con riesgos más profundos. Primero se prohibió, después se toleró y finalmente se gobernó. Con la IA, las instituciones ya no disponen de una década para aprender. Cada prompt puede implicar datos, propiedad intelectual, reputación y responsabilidad.
La pregunta ya no es si universidades y despachos tendrán una guía propia. La pregunta es quién la redactará, quién la gestionará y quién responderá cuando se incumpla. La URJC ha elegido gobernar antes de lamentar. El resto debería tomar nota: quien no escriba ahora sus reglas terminará obedeciendo, tarde y mal, las reglas que dicte su primer incidente.
