Sagrario Ortega Madrid, 12 nov (EFE).- Era el día mas esperado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y no ha decepcionado. Declaraban los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil autores de los informes periciales en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el propio acusado. O sea, el jefe, para bien o para mal.
Porque si algo ha quedado claro en la penúltima sesión del juicio, al menos para algunos, es que ser jefe implica comerse el marrón, asumir la responsabilidad aunque no sea culpa tuya e, incluso, comprobar, sorprendido, como algunos subordinados ningunean tus llamadas o ni siquiera te responden.
En el caso del fiscal general, acusado de revelación de secretos sobre la causa por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, quizá lo peor de esta sesión del juicio haya sido escuchar por boca de los investigadores de la UCO que el presunto culpable de la filtración del tan traído y llevado correo del abogado de González Amador ofreciendo a la Fiscalía un pacto podría ser el propio acusado.
No es que se haya afirmado de forma rotunda, pero la conclusión de los agentes de la UCO ha sido esta: "Lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va hacer sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general".
"Como es el jefe ¿tiene que ser el filtrador?", ha preguntado irónicamente la defensa de García Ortiz, la abogada de Estado Consuelo Castro, quien ha intentado acorralar a los investigadores de la UCO que realizaron los informes.
Y casi lo ha conseguido, porque no han podido dar una respuesta mas consistente que la que han ofrecido cuando la defensa les ha preguntado por qué no se investigó a las 499 personas que tenían acceso al expediente tributario del novio de Ayuso o a las 16 personas que podían entrar en el correo genérico de la Fiscalía de delitos económicos donde el abogado de González Amador envió el correo presuntamente filtrado.
"No hacemos investigaciones prospectivas", han respondido los agentes de la Guardia Civil. Y es que ellos investigan a personas sobre las que hay indicios, sospechas de propósitos, intenciones.... Y solo vieron algún indicio en un puñado de ellas, que fueron descartando hasta que solo quedaba el fiscal general.
Un acusado que durante las anteriores sesiones de la vista oral ha permanecido tranquilo sentado junto a su defensa, pero que hoy ha tenido que revolverse en ese mismo asiento cuando los agentes han asegurado que pidieron a García Ortiz el móvil anterior al que tenía y dijo que lo había destruido.
"Yo no dije eso", ha repetido en dos ocasiones el fiscal.
Un jefe en defensa de 2.800 fiscales
Tras el receso de la comida, le ha tocado el turno al acusado, que con su "absoluto respeto a los que puedan ser perjudicados en el proceso penal", ha declinado responder a las acusaciones particular y populares.
Sí lo ha hecho al Ministerio Fiscal -que tan solo le ha hecho dos preguntas para que negara haber filtrado el dichoso correo y para que se ratificara en su declaración en la fase de instrucción- y a su defensa, sin que haya aportado grandes novedades sobre sus anteriores testimonios.
Su defensa no ha tenido que afanarse mucho en las preguntas. García Ortiz ha presentado -moviendo constantemente en una de sus manos un bolígrafo- un relato bien hilado e, incluso, cronológico de los hechos. En suma, ha dirigido su propio interrogatorio.
Así, hemos sabido que desde que es fiscal general no coge llamadas de los periodistas y de que tras su procesamiento, se han ensañado con él con mensajes calumniosos.
Y también hemos sabido por su boca que en su condición de jefe de 2.800 fiscales -o "cabeza de una organización de 2.800 fiscales", como se ha denominado-, su deber es borrar de vez en cuando las comunicaciones que le envían por WhatsApp o correos electrónicos.
Porque le informan de circunstancias que atañen a todos los procesos del país, secretos o no. Y todo eso justifica que borrara sus mensajes, uno de los "hechos" que en este proceso se anota en el debe.
Como máximo responsable de la Fiscalía General del Estado, García Ortiz ha asumido la nota de prensa que desde este organismo se difundió para contrarrestar las "insidias y calumnias" que vertió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, al difundir por las redes sociales que la Fiscalía había dado órdenes para retirar el pacto con González Amador.
También como jefe máximo pidió que le enviaran los correos relacionados con el caso del fraude del novio de Ayuso. "Es evidente que si yo pido los correos, no hay nada que decir".
Es el fiscal general y ahí ha estado de acuerdo con los agentes de la UCO. La jerarquía manda. Quizá por eso ha lamentado que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, no solo no le informara de la oferta de conformidad de González Amador, sino que no le cogiera ninguna de las cuatro o cinco llamadas que le hizo. Tuvo que mandarla un mensaje.
No parece que hubiera buen rollo entre ambos, eso está claro.
Mañana es el turno de los informes finales. Hasta entonces, García Ortiz ha aprovechado una frase que un ciudadano anónimo le ha dicho mientras esperaba a entrar a la sala: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende". A ello se ha entregado.