Cuando hay hijos en común, las decisiones importantes forman parte del día a día. Si ya es complicado de por sí, cuando, además, hay que tener en cuenta la patria potestad tras una separación, no llegar a acuerdos de manera fácil (y sin conflictos) deriva en situaciones difíciles de gestionar.
Que ambos tengáis presente quién tiene la última palabra, qué se puede hacer si no hay entendimiento y la manera de resolver estos conflictos sin perjudicar a los menores se convierte en prioritario.
Qué es la patria potestad
Qué vas a poder leer aquí:
El conjunto de derechos y deberes que tienen los padres respecto a sus hijos menores no emancipados. Su objetivo principal es proteger el interés del menor, por encima de cualquier otra consideración.
Esto significa que no se trata de un “poder” sobre los hijos, sino de una responsabilidad: cuidar de ellos, educarlos, representarlos y tomar decisiones importantes en su vida hasta que puedan hacerlo por sí mismos.
La patria potestad la encontramos regulada en el Código Civil (art. 154 y siguientes) y deja claro un aspecto fundamental y muy claro: se ejerce de forma conjunta por ambos progenitores, da igual que estén separados o divorciados, no hay diferencia en ese aspecto.
Qué decisiones entran dentro de la patria potestad
No todas las decisiones sobre un menor tienen el mismo peso, las más habituales forman estos dos tipos:
Decisiones cotidianas
Forman parte de su día a día: horarios, alimentación, rutinas, actividades habituales… decisiones que puede tomar el progenitor con el que esté el menor en ese momento.
Decisiones importantes
Aquí es donde suelen surgir los conflictos.
Son unas que afectan de forma relevante a la vida del menor, como por ejemplo:
- Tratamientos médicos importantes o intervenciones
- Elección de colegio o cambio de centro educativo
- Cambio de residencia a otra ciudad o país
- Elección de formación religiosa
También añadimos esas actividades extraescolares relevantes o que impliquen compromiso a largo plazo, como esas clases de idiomas durante todo el año o ese entrenamiento deportivo de cada semana a lo largo del curso escolar.
En estos casos, la decisión debe tomarse de mutuo acuerdo entre ambos.
No llegamos a acuerdos en la patria potestad ¿qué hacemos?
Nos hemos encontrado situaciones como esta a menudo en nuestro bufete y no es nada sencillo de solucionar.
Cuando una parte quiere tomar una decisión importante y la otra no está de acuerdo, la cosa se complica porque nunca puede imponerse unilateralmente. Tampoco ignorar al otro progenitor.
El Código Civil ya prevé esta situación en su art. 156: si hay desacuerdo, cualquiera de los dos puede acudir al juez para que sea él quien decida.
Este procedimiento se conoce como expediente de jurisdicción voluntaria en materia de patria potestad.
Cómo decide el juez cuando no hay acuerdo entre los progenitores
Cuando el conflicto llega a los tribunales, conviene tener claro que el juez no actúa como un árbitro que decide quién “gana” la discusión entre los padres. Su papel es otro: analiza la situación con distancia y toma una decisión que proteja, por encima de todo, el interés del menor.
Esto implica que no se valoran tanto los argumentos de cada parte, sino el impacto que cada opción puede tener en la vida del hijo. La pregunta clave es qué alternativa es más beneficiosa para el menor en ese momento concreto.
Qué factores tiene en cuenta el juez
Antes de nada, estudia cada caso de forma individual. No hay soluciones automáticas, sino un análisis que se adapta a la realidad de cada familia.
Uno de los primeros aspectos que se valora es la edad del menor y su grado de madurez. No es lo mismo decidir sobre un niño pequeño que sobre un adolescente con mayor capacidad para comprender la situación y sus consecuencias.
En este sentido, también, si tiene suficiente juicio, el juez puede escucharle directamente. Eso sí, esto se hace con cuidado, en un entorno adecuado y sin presiones, para conocer su punto de vista sin ponerle en una situación incómoda.
Con todo, su opinión no decide por sí sola el resultado, sino que es un elemento más dentro del conjunto.
Otro punto esencial a tener en cuenta: la situación familiar y social.
En este caso analiza cuestiones como la estabilidad del entorno, la relación con cada progenitor, el arraigo del menor (colegio, amigos,…) o la organización diaria de la familia. Todo esto permite al juez entender cómo afectaría cada decisión a su vida.
Por último, el juez no se queda ahí, sino que valora las consecuencias tanto a corto como a medio y largo plazo.
Te ponemos un ejemplo: ante un cambio de colegio o de ciudad.
En un caso así no solo analiza el beneficio inmediato, sino también el impacto en su desarrollo, sus relaciones y su estabilidad emocional. No basta con tener en cuenta si ese colegio o esa ciudad es mejor o peor, sino si alejarse de “su vida” puede perjudicarle más que otra cosa.
Con todo, el juez adopta una resolución que, como ves, va más allá de dar la razón completa a una parte o a otra.
Qué tipo de resolución puede adoptar el juez
En muchos casos, lo que hace es atribuir a uno de ellos la facultad de decidir sobre ese asunto concreto. De esta forma, se desbloquea la situación sin modificar necesariamente el equilibrio general en el ejercicio de la patria potestad.
En otras ocasiones,va un paso más allá y fija criterios para el futuro. Es decir, no solo resuelve el conflicto puntual, sino que establece cómo deben tomarse decisiones similares en adelante. Esto suele ocurrir cuando el desacuerdo no es algo aislado, sino que responde a un conflicto que se repite.
En definitiva, cuando interviene el juez, el foco deja de estar en el desacuerdo en sí y se centra por completo en el bienestar del menor, que es el eje sobre el que debe girar cualquier decisión en la patria potestad.
¿Qué pasa si uno decide por su cuenta?
Tomar una decisión importante sin el consentimiento del otro tiene consecuencias legales esenciales.
Dependiendo del caso, puede ser un incumplimiento del ejercicio de la patria potestad. Esto termina en reclamaciones judiciales, modificación de medidas o incluso consecuencias más graves si se vulneran derechos del menor o del otro progenitor
Por ejemplo, cambiar de colegio sin autorización o trasladar al menor a otra ciudad sin consentimiento es un caso que siempre acaba en conflictos judiciales muy importantes.
Diferencia entre patria potestad y custodia
Es habitual la confusión, pero no son lo mismo.
La custodia se refiere a con quién vive el menor y quién se encarga de su cuidado diario. Puede ser compartida o exclusiva.
La patria potestad, en cambio, hace referencia a las decisiones importantes sobre la vida del menor. Por regla general, se mantiene compartida, incluso cuando la custodia es solo de uno de los progenitores.
Esto significa que, aunque el menor viva habitualmente con uno, ambos deben seguir tomando conjuntamente las decisiones relevantes.
¿Se puede quitar la patria potestad?
Bueno, no es lo más habitual, solo se produce en casos graves y el Código Civil también lo contempla.
Esta posibilidad existe cuando hay incumplimientos muy serios de los deberes como progenitor. Hablamos de casos extremos como abandono, maltrato o situaciones que perjudiquen claramente al menor. Aquí ya la cosa cambia y un juez puede perfectamente privar total o parcialmente de la patria potestad a una de las partes.
Sin embargo, los simples desacuerdos o conflictos habituales no son motivo suficiente para retirar la patria potestad.
La clave y lo que no debemos olvidar nunca es el interés superior del menor, todo gira en torno a ese objetivo fundamental. Esto significa que las decisiones nunca deben basarse en lo que prefieren los padres, sino en lo más beneficioso para el hijo o la hija.
Las discusiones en el ejercicio de la patria potestad, lamentablemente, son más comunes de lo que parece tras una separación o divorcio. Antes de actuar, conviene tener claro que no todo vale, y que las decisiones importantes requieren consenso o, si no hay manera, una resolución judicial.
Un asesoramiento legal desde el minuto uno evita un conflicto que se agrava muy fácil y ayuda a llegar a una solución que protege, de verdad, al menor y su bienestar.
