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  • La estabilización de las lesiones tras un accidente de tráfico no siempre supone el final del proceso de recuperación. Determinar el impacto funcional de las secuelas y anticipar sus consecuencias a largo plazo constituye uno de los mayores retos de la valoración del daño corporal.

Los avances en medicina de urgencias, cirugía y rehabilitación permiten que pacientes que han sufrido accidentes de tráfico de extrema gravedad sobrevivan y experimenten importantes mejoras clínicas. Sin embargo, estos avances no siempre se traducen en una recuperación equivalente de su autonomía personal.

Un paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave puede recuperar la movilidad y presentar una evolución neurológica favorable, pero mantener alteraciones cognitivas que le impidan gestionar su economía, desenvolverse en entornos desconocidos o reincorporarse a su actividad profesional. Del mismo modo, una persona con una lesión medular puede alcanzar la estabilidad clínica y continuar necesitando asistencia diaria para desarrollar actividades básicas.

Esta distancia entre la recuperación clínica y la recuperación funcional plantea una cuestión fundamental desde la perspectiva de la responsabilidad civil: ¿cómo determinar el alcance del daño cuando la evolución médica no refleja por sí sola las limitaciones que acompañarán al lesionado durante el resto de su vida?

La experiencia de Calculatuindemnizacion.es en la defensa jurídica de grandes lesionados pone de manifiesto la necesidad de abordar la valoración del daño corporal desde una perspectiva que trascienda el diagnóstico clínico e incorpore las consecuencias funcionales, personales y patrimoniales del accidente.

Estabilización lesional y recuperación funcional: dos conceptos que no siempre coinciden

El sistema español de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación establece la estabilización lesional como uno de los momentos determinantes para diferenciar las lesiones temporales de las secuelas.

Sin embargo, la estabilización de una lesión no implica necesariamente que el paciente haya alcanzado su máximo potencial funcional ni que hayan desaparecido sus necesidades asistenciales.

La evolución de determinados traumatismos graves, especialmente aquellos que afectan al sistema nervioso central, puede requerir periodos prolongados de rehabilitación, adaptación y seguimiento especializado. Las necesidades del paciente pueden modificarse conforme se enfrenta a las exigencias de su entorno familiar, social y profesional.

En este sentido, resulta especialmente relevante la modificación del artículo 134 introducida por la Ley 5/2025, de 24 de julio, que contempla expresamente la valoración como lesiones temporales de aquellos síntomas que persisten tras la estabilización y cuya curación se prevé a corto o medio plazo.

Esta modificación evidencia la necesidad de distinguir entre la estabilización de las lesiones, la persistencia de determinados síntomas y la consolidación de sus consecuencias permanentes.

Más allá de los puntos de secuela: la dimensión funcional del daño

La valoración médico-pericial constituye la base sobre la que se construye la indemnización por secuelas. No obstante, la puntuación asignada a una lesión no agota el análisis de sus consecuencias.

Dos personas con lesiones y puntuaciones de secuela similares pueden experimentar limitaciones muy diferentes en su vida cotidiana. La edad, la actividad profesional, las responsabilidades familiares y las actividades que desarrollaban antes del accidente son circunstancias relevantes para determinar el impacto individual del daño.

El propio Baremo reconoce esta dimensión a través de los artículos 107 y siguientes, relativos al perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionado por las secuelas.

La dificultad reside en trasladar las limitaciones médicamente acreditadas a una valoración individualizada de la pérdida de autonomía y de las posibilidades de desarrollo personal.

En los grandes lesionados, este análisis requiere conocer no solo qué funciones se han visto afectadas, sino también qué actividades puede realizar la persona de forma independiente, cuáles requieren supervisión y en cuáles necesita asistencia directa.

Las secuelas que no siempre resultan visibles

Los traumatismos craneoencefálicos representan uno de los ejemplos más complejos de esta problemática.

La recuperación de determinadas capacidades motoras puede coexistir con alteraciones de la memoria, dificultades en la toma de decisiones, trastornos de conducta, problemas de planificación o limitaciones en las funciones ejecutivas.

Estas secuelas, menos evidentes que una discapacidad física, pueden comprometer profundamente la independencia del lesionado.

Una persona puede desplazarse sin asistencia y, al mismo tiempo, necesitar supervisión para organizar sus actividades diarias, gestionar su medicación o desenvolverse de manera segura fuera de su domicilio.

Por ello, la evaluación de la autonomía no puede limitarse a las capacidades físicas. Debe incorporar también las dimensiones cognitivas, psicológicas y conductuales que condicionan la capacidad de la persona para desarrollar su vida de manera independiente.

La intervención de especialistas en neuropsicología, medicina rehabilitadora y terapia ocupacional puede aportar información determinante para acreditar estas limitaciones.

Valorar las necesidades futuras: uno de los grandes retos indemnizatorios

En los casos de especial gravedad, la valoración del daño exige una perspectiva que trascienda las circunstancias presentes del lesionado.

El sistema indemnizatorio contempla diferentes conceptos destinados a cubrir las consecuencias patrimoniales de las secuelas, entre ellos los gastos de asistencia sanitaria futura, las ayudas técnicas, la adecuación de la vivienda, el incremento de los costes de movilidad y la necesidad de ayuda de tercera persona.

La complejidad no reside únicamente en acreditar que estas necesidades existen, sino en determinar su alcance, intensidad y evolución a lo largo del tiempo.

Especial relevancia adquiere la ayuda de tercera persona, regulada en los artículos 120 y siguientes del Baremo. Su valoración comprende las necesidades de asistencia no sanitaria derivadas de la pérdida de autonomía personal, con independencia de que dichos cuidados sean prestados de forma remunerada o asumidos por el entorno familiar.

Asimismo, la Ley 5/2025 ha introducido modificaciones en materia de asistencia sanitaria futura, reforzando la importancia de considerar determinadas prestaciones especializadas que el lesionado pueda necesitar después de la estabilización.

Anticipar estas necesidades exige una adecuada coordinación entre el conocimiento médico, la valoración funcional y el análisis jurídico y económico.