Madrid, 20 may (EFECOM).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira, que cumple este miércoles 67 años y cuyo nombre ha saltado a los medios por haber imputado a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, es la antítesis de un juez estrella, y, pese a ello, pasará a los libros de historia por ser el que por primera vez ha imputado a un expresidente del Gobierno en España.
Reconocido por su dominio en causas de delincuencia económica y de blanqueo de capitales, el azar puso hace pocos meses en sus manos el caso Plus Ultra en el que se investiga una presunta trama de tráfico de influencias y de posible blanqueo en el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, en cuyo "vértice" ha situado a Rodríguez Zapatero.
El caso recayó en su juzgado tras inhibirse en favor de la Audiencia Nacional el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, a cuyo frente curiosamente Calama estuvo de 1996 a 2018.
Inicialmente la causa correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular Ismael Moreno es conocido por investigar el caso Koldo, pero éste se abstuvo de instruir el caso Plus Ultra por falta de imparcialidad frente a una de las partes, por lo que finalmente Calama asumió esta investigación como sustituto natural de Moreno.
En sus ocho años al frente de su juzgado en la Audiencia Nacional, ahora renombrado con la nueva normativa como Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, este juez nacido en Salamanca ha asumido causas mediáticas, como el caso Pegasus, en el que investigó sin éxito el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, entre 2020 y 2021.
Otro de los casos que despertaron el interés de los medios fueron las diligencias que se apresuró a abrir al día siguiente del apagón eléctrico en la España peninsular, ocurrido el 28 de abril de 2025, coincidiendo en que estaba esa semana de guardia, por si pudiese tratarse de ciberterrorismo.
Tras mantener varios meses sus pesquisas bajo secreto, el pasado mes de enero, acabó dándoles carpetazo al constatar que no había aparecido "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista".
También fue destacada su intervención en la causa en la que terminó procesando por un millonaria estafa al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que confesó haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise.
Entre los primeros casos que tramitó a su llegada al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en diciembre de 2018, tras dos décadas al frente del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, destaca el del Banco Popular que heredó del anterior titular del Juzgado, el magistrado Fernando Andreu, que pasó a engrosar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Tras varios años de instrucción, en noviembre de 2024 abrió finalmente juicio oral al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a doce exdirectivos y a la auditora PwC por estafa en la ampliación de capital de 2016, e impuso una fianza provisional de cerca de 2.277 millones de euros.
Antes de llegar a Madrid, su primer destino fue en un juzgado de instrucción de Sigüenza, en el que ingresó en 1988 y que dejó en 1990 para trasladarse al Juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, en el que estuvo tres años para pasar después otros tres años, hasta 1996, en un juzgado de instrucción de Valaldolid.