El gravísimo problema de la vivienda

Sin duda alguna, uno de los principales problemas con los que se encuentra el ciudadano de cara a formar una familia y un proyecto de vida lo constituye el acceso a la vivienda. Se trata de un problema de primer orden que actualmente, a corto plazo, cuenta con difícil solución por lo que marcará a varias generaciones de españoles en tanto que les será tremendamente difícil independizarse de su entorno familiar actual.

Para analizar las causas que nos han llevado a esta situación hay que tener en cuenta tres cuestiones que se han cruzado en la vida que nos ha tocado vivir. Por un lado la falta de construcción derivada de la necesidad de una colaboración público-privada que nunca ha llegado ni está viéndose reflejada actualmente.

Por otro lado, el crecimiento importante en la última década de la población española, derivada sobre todo de la venida de ciudadanos inmigrantes a vivir a nuestro país. Estos, necesitan vivienda y, por tanto, es mayor la demanda ciudadana de casas que la oferta lo que ha encarecido el precio considerablemente.

Pero, también la inseguridad jurídica ha sido un factor clave a la hora de la inexistencia de mercado de alquiler o que este se haya encarecido considerablemente haciendo prácticamente prohibitivos sus precios. El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas o de la denominada “inqui-ocupación” han conllevado un traslado de la vivienda tradicionalmente destinada al alquiler para vivienda habitual a otros mercados muchísimo más seguros e incluso rentables dada la coyuntura económica de España.

Ahí se sitúa el modelo en auge de los apartamentos de uso turístico que se da por el prestigio del destino España como sitio turístico, pero también por sacar rentabilidad segura y sin sobresaltos a viviendas vacías.

En ninguno de estos tres aspectos la clase política ha estado a la altura. Ni se han construido más viviendas, ni se ha generado seguridad a los arrendadores sino todo lo contrario, ni España ha acondicionado el parque de viviendas y servicios públicos a la importante llegada en cuanto a número de personas de otros países para trabajar a nuestro país tal y como indican las cifras demográficas.

Se trata de un fracaso conjunto de la clase política desde mi punto de vista. Y ahí han fracasado todos, de izquierda a derecha del arco parlamentario.

Tampoco la distribución de competencias en España ayuda a la solución del problema. Diferentes Administraciones, con diferentes intereses y colores políticos que dificulta enormemente que se tomen decisiones acertadas en cuanto a este asunto.

De hecho, he pedido en diferentes ocasiones como presidente de la Asociación Española de Consumidores un pacto político nacional para abordar este asunto porque la generación del problema es culpa de todos pero la solución al mismo debe partir de todos. Todos tienen que ceder en una parte de sus competencias es intereses para que la ciudadanía vea un poco de luz al final del túnel.

Y ahora se preguntarán ustedes, ¿tiene esto solución posible? Es complicado responder a esta pregunta pero claro que la tiene, lo que pasa es que a corto plazo no se dará esa solución y hay que ser honesto con el ciudadano.

Para empezar a dar solución se deben establecer los cimientos legales para ello. La actual legislación en materia de vivienda no ofrece aspectos positivos para ello sino todo lo contrario.

 Ya avisamos muchos en su momento que lo que se estaba plasmando en el Boletín Oficial del Estado iba a provocar un agravamiento del problema. No nos equivocamos desgraciadamente y la situación ha ido considerablemente a peor. Una legislación que implica que sólo tenga derechos y la parte sin que existan prácticamente obligaciones de cara a los arrendadores ha conllevado una retracción considerable en el mercado del alquiler.

Esto ha llevado consigo una bajada de la calidad de las viviendas que salen para contratar, pero también un considerable aumento de precios. La gente está pagando precios prohibitivos por viviendas en nefastas condiciones de habitabilidad porque “es lo que hay”.

Por otro lado, en el ámbito de la compra de vivienda se está produciendo un efecto ilusorio. Se está comprando mucha vivienda, pero, ¿por parte de quién? Así se está dando una concentración de viviendas que en muchos casos son pagadas dinero en mano, es decir, con un claro afán de inversión lo que trae también problemas de acceso a la vivienda.

 Ahora bien, no se puede criminalizar y demonizar al que con su dinero invierte en vivienda. Ese es otro claro error del diagnóstico que se está haciendo actualmente por buena parte de la clase política de este país, entre ella la que forma la Administración Pública más importante de nuestro país, el Gobierno de España.

La solución debe venir por el concurso, el esfuerzo y la altura de miras de todos. De los políticos, pero también de la sociedad civil. Todos somos responsables y todos tenemos en nuestra mano, desde nuestro ámbito de competencias, parte de la solución a este gravísimo problema.

 De ahí la necesidad de un gran Pacto de Estado y un gran Pacto Social por la Vivienda en España sin que nadie se vea agredido, sin que nadie tenga un mayor protagonismo, sin que nadie tenga planteamientos ideológicos cerrados de cara a atacar a la otra parte.

De momento no hay signos de que vaya a darse esta coyuntura social, pero, la Asociación Española de Consumidores, junto con otras entidades sociales ha emprendido ese Pacto Social necesario para abordar soluciones desde la perspectiva de la que nadie tiene en cuenta, la experiencia profesional y social que aportamos los colectivos y las entidades sociales en su conjunto. Veremos hasta donde llegamos que esperemos que sea la de aportar parte de la solución a este gravísimo problema para la ciudadanía española.