- El exceso de burocracia y los retrasos en la concesión de licencias son una lacra para la construcción de vivienda en España según un debate organizado por Fedea y otras instituciones
Fedea, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas organizaron esta semana una jornada sobre la fiscalidad de la vivienda en España con motivo de la presentación del libro Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España. Diagnóstico y propuestas de reforma fiscal en clave de eficiencia, equidad y sostenibilidad.
La Fundación de Estudios Económicos (FEDEA) propone una rebaja generalizada de impuestos sobre la vivienda para facilitar el acceso a la propiedad de quienes no tienen una. Es una de las principales conclusiones de este encuentro profesional.
Para la compra de vivienda, proponen una aplicación de un tipo reducido del 4 o 5% en la adquisición de la primera vivienda frente al 10% general. Matizan que, aunque la rebaja debe ir condicionada a la renta y a la edad, hay que empezar a abandonar este último criterio. "El problema no es si el comprador tiene 32 o 29 años, sino que deberíamos centrarnos en aquel que accede por primera vez a la compra de una casa", ha puntualizado Jaume Menéndez, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, en la presentación del informe.
Para la transmisión de vivienda, el análisis plantea una reforma en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En concreto, pide una tarifa progresiva única en España del 5% al 15% frente a las disparidades actuales de las comunidades autónomas.
Y para la promoción y la construcción de vivienda, proponen un tipo 0% temporal para la promoción de vivienda en alquiler asequible y rehabilitación, además de la revisión del tratamiento del impuesto soportado por el sector público en promociones de vivienda asequible.
Revisar la fiscalidad
El estudio defiende una reorientación profunda para aumentar la oferta de todo tipo y facilitar la demanda, racionalizando la fragmentación normava existente entre niveles de gobierno y diseñando incentivos que favorezcan la oferta de vivienda, especialmente en alquiler asequible y rehabilitación energética.
No obstante, la fiscalidad no es el único, ni el principal, instrumento para solventar el problema de la vivienda en España. Resulta evidente que el número de viviendas nuevas construidas es muy inferior a la demanda y ello es debido a múltiples factores como son la escasez de suelo finalista, los cambios regulatorios y la gestión del permitting ante las administraciones públicas (cuyo coste actúa como un impuesto implícito sobre la vivienda), los costes de construcción, la falta de mano de obra, así como la baja productividad que arrastra el sector.
José María Font, presidente de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, y Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, han sido los encargados de abrir la sesión, en la que expertos del ámbito económico e inmobiliario han analizado el impacto de la presión fiscal, la burocracia y la creciente complejidad regulatoria sobre el acceso a la vivienda, entre otros asuntos.
El doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Jaume Menéndez, autor del libro “Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España”, ha alertado de que “la vivienda soporta en España una presión fiscal elevada a lo largo de todo su ciclo económico (es decir, lo que satisface un contribuyente entre las fases de adquisición, tenencia y transmisión), pudiendo superar el 62% del precio de adquisición cuando se considera el conjunto de tributos que inciden sobre el inmueble a lo largo del tiempo”.
Soluciones para revertir la situación
Algunas de las soluciones que propone el autor para revertir esta situación se centran en el IVA: un tipo del 0% para la promoción de alquiler asequible, un tipo reducido del 4% o 5% para la primera compra de jóvenes, y un tipo cero temporal para rehabilitación energética y la rehabilitación estructural del parque existente. Además, Menéndez ha citado que el pasado mes de mayo el gobierno de Portugal, para incentivar la construcción de viviendas, redujo por decreto el IVA de construcción, que pasó del 23% al 6% para las viviendas con un precio de venta inferior a 660.000 euros. Así mismo, los propietarios en el país luso pagarán menos impuestos sobre las rentas inmobiliarias de los contratos vigentes (pasan del 25% al 10%) para alquileres inferiores a 2.300 euros mensuales.
Desde la perspectiva tributaria, el estudio argumenta que la vivienda soporta en España una presión fiscal elevada a lo largo de todo su ciclo económico (es decir, que satisface un contribuyente entre las fases de adquisición, tenencia y transmisión), pudiendo superar el 62% del precio de adquisición cuando se considera el conjunto de tributos que inciden sobre el inmueble a lo largo del período, materializándose en el momento de la transmisión (IVA/ITP, en la adquisición; imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF e IBI, en la tenencia; IRPF por la ganancia de capital o la plusvalía municipal, en la trasmisión). L
La particularidad de la estructura impositiva de España en relación con los principales países de la Eurozona radica en la persistencia de un menor peso de la imposición indirecta, compensado por el mayor peso relativo de las cotizaciones sociales y la tributación sobre la propiedad. En España, el peso de los tributos sobre la propiedad es del 6,9% en el conjunto de los ingresos fiscales, siendo el cuarto país en el ámbito UE, el cuarto más alto de los veinte países europeos miembros de la OCDE.
Restricción oferta vivienda
Por su parte, Ángel de la Fuente ha denunciado que “las grandes restricciones que padece la oferta de vivienda se deben a una desatinada normativa del suelo y planificación urbana, que genera inseguridad jurídica y alarga innecesariamente los plazos de construcción”.
El presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo, se ha referido a la enorme diferencia impositiva que existe entre las diferentes comunidades autónomas a la hora de adquirir una vivienda. Salcedo ha expuesto que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) oscila desde el 6% en la Comunidad de Madrid o Navarra, hasta el 10% y 20% en comunidades como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana. “La disparidad normativa castiga la movilidad laboral y encarece de forma artificial el acceso a la vivienda usada”, ha remarcado.
En su turno de palabra, el economista Valentí Pich, tras señalar la importancia que tiene en España el acceso a la propiedad por herencia, ha subrayado, en relación con el impuesto de sucesiones y donaciones, que cabe sustituir la estructura vigente por una tarifa progresiva única, con tipos moderados -en una horquilla del 5% al 15%-, acompañada de un mínimo exento. Además, ha añadido que es importante acometer la eliminación de los grupos de parentesco como criterio central del impuesto, por entender que no reflejan adecuadamente la pluralidad de modelos familiares contemporáneos y generan desigualdades difíciles de justificar.
La política fiscal actúa como un castigo regulatorio
Finalmente, Joan Ràfols, economista y presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, ha concluido la jornada tras citar la comparación con la OCDE recogida en el libro, donde España ocupa un lugar destacado en los puestos de cabecera de los países de la OCDE por presión fiscal sobre la vivienda.
La estructura impositiva sobre la vivienda en España penaliza y encarece su transmisión (plusvalía municipal, ganancias patrimoniales en el IRPF, y impuesto de transmisiones patrimoniales). Destaca así mismo que la actual fiscalidad de la promoción para alquiler asequible, (objetivo proclamado del gobierno) hace necesaria la revisión a la baja del IVA soportado y no deducible.
La tributación de las ganancias patrimoniales debe favorecer la inversión a largo plazo, al igual que en los principales países de la Unión Europea, y desincentivar aquella a corto plazo. Ha finalizado recordando que actualmente España vive una asfixiante fragmentación normativa y que hay constantes cambios fiscales que están afectando negativamente de manera directa a los propietarios.
Desde su punto de vista, “la política fiscal actual no incentiva la inversión ni la salida de vivienda al mercado. El problema es que actúa como un castigo regulatorio que frena la creación de un parque residencial asequible”.
