• El Tribunal Supremo ha establecido que los falsificadores también deben indemnizar a las marcas por el daño moral ocasionado porque los productos falsos suponen ” una fuente de daño reputacional”.

La sentencia desestima el recurso de un empresario chino ante la Audiencia Provincial de Valencia, y fija doctrina al señalar que se han visto comprometidos “los intangibles elementos de exclusividad y compromiso de calidad que las marcas pretenden transmitir al conjunto de los consumidores”.

El tribunal determina que existe daño indemnizable porque de la propia exhibición para la venta de los productos “se deriva un perjuicio moral implícito que no necesita de mayor prueba”.

Isabel Pascual de Quinto, letrada que ha representado a la marca BIMBA Y LOLA, afirma que las falsificaciones “contribuyen a la pérdida de la imagen de marca creada por los titulares a lo largo de toda su trayectoria empresarial. De ahí la importancia que ese daño sea reparado”. Y también considera que comercializar estos productos “implica que los consumidores de una marca rechacen la compra de mercancía legítima dado que los productos infractores se encuentran de forma masiva en el mercado”.

El Supremo cita la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Liffers, afirmando que “cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protección que ese signo merece obtener de los tribunales”.

El empresario ha sido condenado a tres años de cárcel por delito contra la propiedad intelectual y a indemnizar a las marcas Bimba y Lola, Michael Kors, Chanel, Yves Saint Laurent, Carolina Herrera y Hello Kitty, en concepto de responsabilidad civil, con 25% del valor total de las más de las más de diez mil falsificaciones intervenidas.

En 2022 en España se intervinieron más de 2,6 millones de falsificaciones por valor de 121 millones de euros por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. De hecho, se trata del segundo país de la Unión Europea que más productos falsificados compra, por detrás de Bulgaria, según un estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) publicado en junio.