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Recientemente se están dando varios casos en los que los tribunales están fallando a favor de los consumidores, como es el caso de las cláusulas suelo, que cuenta con 3,5 millones de afectados; la CAM, con 55.000 afectados de los que captó casi 292 millones de euros; o el Banco Popular, con 300.000 inversores afectados, entre otros. Cuando se necesita llevar a cabo una solicitud o demanda, ya sea ante administraciones públicas o entidades privadas, les surgen a los demandantes muchas dudas que generalmente son difíciles de responder ante la falta de información pública. Cómo defender lo que te corresponde se vuelve entonces en un camino largo y complicado que, si se apoya en la colectividad de un gran número de afectados con intereses comunes, podrá resolverse con mucha más facilidad.

Asimismo, los beneficios de contar con el respaldo de un equipo de profesionales son múltiples. Por un lado, y como función principal, es la de defender a los consumidores y usuarios ante administraciones públicas, corporaciones o entidades privadas. Para ello, existen varias vertientes por las que se puede llegar a esta defensa. Una de ellas es mediante el asesoramiento legal que proporciona la asociación, que se centra en informar, realizar actividades que generen conciencia tanto del problema como de la posibilidad de solucionarlo, y que a su vez formen a la ciudadanía en este ámbito. Asimismo, gracias a este asesoramiento se llevan a cabo labores como solicitud de subvenciones y ayudas.  

El emprendimiento de acciones judiciales para que, tanto asociados como consumidores con intereses comunes puedan obtener lo que les corresponde por derecho es otra de las maneras en las que actúan estas asociaciones. Mediante este tipo de acciones las asociaciones recurren con todos los instrumentos de los que se dispone, teniendo un mayor conocimiento de la situación y de cómo abordarla que el público general, para así llevar a los perjudicados una resolución que compense los daños producidos.

Finalmente, para llevar a cabo esta labor es fundamental la independencia de la asociación. Si es privada, no pertenecerá a organización ni confederación alguna, por lo que no recibirá subvenciones. Tampoco estará vinculada a grupos sociales, políticos ni religiosos que pudieran menoscabar su identidad, actuación y, en especial, la labor concreta con la defensa con los derechos de los consumidores.

Con todos estos recursos con los que cuentan las asociaciones que defienden a consumidores y usuarios, las posibilidades de alcanzar los objetivos marcados son mucho más altas. 




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