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  • La Abogacía Española ha participado en el webinar  “El funcionamiento del sector público por medios electrónicos: análisis del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo”, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

En esta jornada se ha analizado el reciente desarrollo reglamentario de las Leyes 39 y 40/2015 en relación con el funcionamiento electrónico del sector público y las relaciones de los ciudadanos con la Administración por esta vía. El Real Decreto 293/2021 desarrolla aspectos tan recurrentes y relevantes en la actuación administrativa como la carpeta ciudadana, la dirección única de notificaciones, el portal de administración electrónica, la representación, el expediente electrónico, la obtención de copias y conservación de documentos, en otras cuestiones.

El secretario general técnico del Consejo General de la Abogacía, José Antonio Perales, destacó en su intervención, centrada en la digitalización de los procedimientos administrativos desde la perspectiva del abogado, que “el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, era muy necesario porque las leyes que acoge arrojaban muchas cuestiones pendientes de una regularización más estricta y necesaria”. 

Perales ha indicado que “la relación del ciudadano con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, en muy pocos años, ha seguido una evolución muy profunda”. La tramitación electrónica de los procedimientos debe constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas. Y establecen la obligatoriedad, ya por ley, de relacionarse electrónicamente con la Administración para las personas jurídicas, entes sin personalidad y, en algunos supuestos, para las personas físicas, con posible extensión adicional por vía reglamentaria. 

En la situación actual, el Reglamento de referencia persigue cuatro grandes objetivos. El secretario, ha destacado “mejorar la eficiencia administrativa, para hacer efectiva una Administración totalmente electrónica e interconectada; incrementar la transparencia y la participación; garantizar servicios digitales fácilmente utilizables por ser accesibles y ser intuitivos para los ciudadanos; y mejorar la seguridad jurídica, eliminando la superposición de regímenes jurídicos distintos”. Se ha ha referido a ellos como “deseos encomiables que ojalá se cumplan cuanto antes pero, que están llenos de mucha dificultad”. 

Desde el Consejo General y los Colegios de la Abogacía se “está realizando una labor encaminada a facilitar la digitalización de la profesión y la gestión de los recursos”. Se ha referido a una encuesta elaborada por el propio Consejo que indicaba que “el equivalente a 22.000 abogados dijo haber tenido muchos problemas para utilizar las nuevas tecnologías cuando irrumpió el Covid y 15.000 reconocieron haber necesitado mucho tiempo para adaptarse”. Además, de mencionar que sólo 2 de cada 10 pymes tiene presencia en internet o que “los autónomos digitalizados triplican la media de ingresos de quienes trabajando por cuenta propia lo hacen al margen de internet”.

“Desde la Abogacía Española estamos luchando porque todo abogado de España consiga el acceso al expediente judicial electrónico porque eso va a determinar que sea un cambio razonable en la forma de trabajar de todos los abogados”, afirmó.




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