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  • Los profesionales de la abogacía que se inscriban voluntariamente en el servicio orientarán a los usuarios de la Oficina Municipal Antidesahucios sobre las alternativas que tienen a su alcance para afrontar el pago y/o tratar de evitar la pérdida de la vivienda 
  • En los casos en los que haya una demanda o actuación judicial, se derivará a los beneficiarios a la abogacía de oficio
  • El acuerdo prevé, además, la realización de una acción formativa en materia hipotecaria dirigido al personal vinculado a la Oficina Antidesahucios

El decano del Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, y el regidor de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna del ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera, han renovado esta mañana el acuerdo de colaboración por el que ambas instituciones amplían y refuerzan el mutuo compromiso de proporcionar ayuda y orientación legal a aquellas personas que se encuentren en serio riesgo de perder su vivienda por sus dificultades para hacer frente al préstamo hipotecario.

De este modo, los usuarios que acudan a la Oficina Municipal Antidesahucios del ayuntamiento de Palma y precisen orientación legal serán atendidos, de forma personalizada y gratuita, por los profesionales de la abogacía que voluntariamente se inscriban en en el servicio, quienes se desplazarán a dicha oficina, al menos dos veces por semana, para informar a los afectados, previa cita, de las posibles alternativas que tienen a su alcance para abordar el problema hipotecario. Las propuestas que realicen los letrados, que serán personalizadas y ajustadas a las particularidades de cada caso, se incluirán en un informe que quedará en la Oficina Antidesahucios para que sea el personal de ésta el que, en su caso, asuma en base a dicha propuesta las posibles funciones de mediación ante las entidades bancarias.

Tanto Martín Aleñar como Antoni Noguera han destacado la importancia que, en materia preventiva, supone esta orientación jurídica, que, en virtud del convenio, se verá reforzada, dado que el objetivo que se persigue, tanto desde el punto de vista social, como desde el ámbito legal, es, evitar, en la medida de lo posible, la exclusión residencial de estas personas o, cuando menos, que los usuarios “no queden hipotecados de por vida”. Precisamente por ello, los letrados que se inscriban en el servicio atenderán los casos en los que aún no se haya dado una demanda judicial de ejecución, si bien, ha especificado el decano, en aquellos supuestos en los que ya exista dicha acción judicial, los usuarios podrán ser derivados al Turno de Oficio para que, en caso de reunir los requisitos de acceso a la justicia gratuita, sea ya la abogacía de oficio la que asuma la defensa del caso en los tribunales.

Martín Aleñar ha recordado que la experiencia de la colaboración con el Ayuntamiento de Palma en la antigua Oficina Municipal Hipotecaria  ha demostrado que “la unión de esfuerzos entre ambas instituciones, y el asesoramiento legal cualificado y personalizado ayudan a encontrar una salida a muchas de las personas que “posiblemente, están pasando por uno de los peores momentos de su vida”.

Esta misma semana el Colegio de Abogados abrirá un nuevo registro para aquellos abogados/as que quieran participar en este servicio, a fin de que, cuando haya un número suficiente de profesionales para establecer los turnos semanales de atención, pueda reanudarse la orientación legal especializada que, de hecho ya presta personal jurídico adscrito a la oficina, pero que ahora se verá ampliada.

El acuerdo se enmarca dentro del programa de abogacía pro bono que impulsa el Colegio de Abogados, en el que ahora mismo están inscritos más de 70 abogados/as que participan en diferentes proyectos de ayuda a colectivos desfavorecidos, algo que, a juicio de Martín Aleñar, evidencia la existencia de una abogacía solidaria que “se ocupa y preocupa por los graves problemas que afectan a la sociedad” y que se implica para, dentro de sus competencias profesionales, aportar soluciones”.

La renovación del convenio prevé, además, la realización de una acción formativa en materia hipotecaria dirigido al personal vinculado a la Oficina Antidesahucios, que coordinará el Colegio de Abogados y que favorecerá la mejora en la información inicial que se proporciona a los usuarios y la agilización del funcionamiento del servicio.

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