El juzgado de instrucción nº5 de Las Palmas calibra si separa la presunta responsabilidad penal de la esposa de Vladimir Kokorev, el ‘amigo’ hispano-ruso de Teodoro Obiang, del presunto delito de lavado de veinte millones de euros en el que, según la justicia canaria, habría incurrido su marido.

En pocos meses se cumplirá una década de instrucción de una causa que fue archivada en dos ocasiones en Madrid con intervención e informes exculpatorios del SEPBLAC. Las defensas del empresario jubilado, confinado en Las Palmas sin poder salir de la isla de Gran Canaria como inusual medida cautelar, entienden que “se ha pretendido crear un nuevo tipo de sujeto de responsabilidad penal: no una persona física ni jurídica sino ‘la familia’”.

En diversos escritos, tanto al juzgado de primera instancia como a la Audiencia Provincial de Las Palmas, se ha acreditado que en la mayoría de autos dictados se emplea casi como sinónimo la palabra ‘Vladimir Kokorev’ y la de ‘Julia Maleeva’, su esposa, sin que se haya sido capaz de concretarse una actividad delictiva de ésta última. En sus informes y oficios, la propia UDYCO canaria utiliza esos mismos sinónimos al referirse a las actividades empresariales desarrolladas por Kokorev en la antigua colonia española, unos negocios en los que se ha probado ante la jueza De Vega y el fiscal Luis del Río que no tenía participación en modo alguno su mujer.

Testimoniando en el pasado ante el Parlamento Europeo, Julia Maleeva ha declarado que “yo sólo era la mujer, la parte de mi marido, su apéndice (…) nunca nadie, ni policía, ni fiscal, ni juez nombró algo concreto que yo hubiera hecho, nunca fui interrogada de forma separada de mi marido, nunca recibí un papel del juzgado que fuera diferente del suyo”.

En relación a quien siempre ha ejercido de ama de casa, su letrado, Antonio José García Cabrera, apostilla que “no se han obtenido datos nuevos de carácter inculpatorio al haber estado siempre al margen de los negocios y la operativa de su marido”, de acuerdo con las defensas, y “no hay perspectivas razonables de hacerlo, por lo que debería procederse al archivo de su causa”. Es la razón por la que tanto jueza como fiscalía anticorrupción valoran ahora si, tras argumentarse que la esposa de Kokorev no tenía ninguna función directiva ni organizativa ni de ninguna otra índole ni en la sociedad inicialmente investigada -Kalunga Company- ni en otras compañías administradas por su marido, archivan su caso.

La propia policía canaria, documentalmente, no ha refutado que Julia Maleeva ignoraba la procedencia de los fondos manejados por su marido y nunca podría haber tenido voluntad alguna de participar en la comisión de eventuales delitos, en el caso de que la justicia los acreditase en el futuro.

La falta de cadena de custodia, clave del final de la instrucción

La justicia canaria se pronunciará en los próximos días sobre quien fuese recluida, preventivamente, durante más de 24 meses en la prisión grancanaria de Juan Grande, frente a los 29 meses de su marido. Y ya estudia si su participación en actividades presuntamente delictivas van “más allá de la lógica existencia de un patrimonio conjunto con su marido”; y si supuesta en libertad total significaría algún riesgo para lo que resta de investigación.

En este rocambolesco proceso se ha dado la peculiar circunstancia de que tanto el inspector como la subinspectora de la unidad que lucha contra el crimen organizado en Canarias se sentaron para ser interrogados y para declarar ante la juez por presunta manipulación del material informático incautado en los domicilios del supuesto ‘hombre de paja’ de Obiang en España.

Durante más de cuatro horas los agentes respondieron a las acusaciones y las pruebas presentadas por los abogados de la familia hispano-rusa sobre los presuntos delitos de “infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento”. En juego sigue estando la anulación de toda la prueba informática de la investigación. El empresario presentó un informe policial en el que se acredita que en determinados documentos aportados a la causa “no hay garantías de autenticidad ni de integridad”, rompiendo principios básicos de la cadena de custodia. Los propios policías han admitido a la jueza haber alterado los metadatos de algunos de los materiales informáticos.