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Esta semana han quedado presentadas cerca de un centenar de demandas, dirigidas contra los fabricantes europeos de camiones que fueron sancionados por pactar un sobreprecio a sus vehículos. Dichas reclamaciones han sido realizadas por HISPAJURIS, la firma de abogados integrada por 36 despachos asociados en toda España, que representa a más de 19.000 afectados.

Como ya es conocido, el 19 de julio de 2016 la Comisión Europea hizo público que varias sociedades fabricantes de camiones habían cometido -durante el periodo 17 de enero de 1997 a 18 de enero de 2011- una serie de conductas ilegales al constatarse la existencia de acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de los precios de los camiones. Por esta razón, la Comisión Europea sancionó a los fabricantes de camiones MAN, Volvo, Renault, Daimler, Iveco y DAF, por infringir el art. 101 del Tratado de  uncionamiento de la Unión Europea y el art. 53 del Acuerdo EEE, que prohíbe cárteles y otras prácticas restrictivas de la libre competencia.

Según Javier López y García de la Serrana, presidente de Hispajuris, la presentación de estas demandas supone un primer paso, de ahí que hayan sido un centenar pues coincide con el número de juzgados de lo Mercantil que hay en España dado que se pretende saber la posición que adoptará cada uno de estos órganos judiciales ante estas reclamaciones. A este primer centenar de demandas se irán sucediendo otras miles en los próximos meses y añade que “la firma HISPAJURIS representa los intereses de propietarios de más de 19.000 vehículos adquiridos durante el periodo en que el cártel de camiones tuvo lugar (1997-2011), de modo que tras el esfuerzo invertido en la preparación de esta complicada demanda, confiamos en obtener un resultado positivo que permita resarcir de este daño a los miles de afectados de toda España que han confiado en Hispajuris para defender sus intereses.”

Las demandas, que van traducidas al alemán, italiano, holandés, francés o sueco según el fabricante demandado, se acompañan de un informe pericial que viene a cuantificar el perjuicio económico sufrido por las distintas empresas en el periodo en el que el fabricante estaba participando en el cártel a través de varios métodos comparativos (comparación diacrónica, comparación con otros mercados geográficos y comparación con datos de otros mercados de productos) y de simulación (métodos de simulación y métodos basados en costes y métodos financieros).

El estudio ha sido realizado por un nutrido equipo de economistas, miembros del Departamento Forensic Accountants (pérdida de beneficios y riesgos financieros) del Grupo Addvalora, y por el Profesor de Econometría de la Universidad Complutense de Madrid, Dr. Andrés Bergé Gil. En este sentido, resulta necesario destacar la labor de estudio e investigación realizada por los despachos HISPACOLEX BUFETE JURÍDICO y AESYR & ABOGADOS, ambos socios de Hispajuris en Granada/Málaga y Santander, respectivamente, que son los artífices del estudio y confección de la demanda, en colaboración con el resto de despacho de Hispajuris.




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