Entrevistamos a D. EDUARDO LUNA ALVAREZ,  abogado especializado en derecho penal y  socio director del despacho LUNA GARAU ABOGADOS, con sede en Palma, despacho multidisciplinar basado en la especialización. LUNA GARAU ha logrado situarse como referente en el sector legal en las Islas Baleares, especialmente por su modelo de negocio, un despacho que ofrece el máximo nivel de compromiso y excelencia para con sus clientes, LUNA GARAU cuenta con departamentos especializados en Derecho Penal, Extranjería, Litigación laboral, Derecho Mercantil y Societario, Familia y Derecho Inmobiliario.

Eduardo Luna, ha sido galardonado en el año 2020 con el PREMIO NACIONAL DE LEY en el área de Derecho Penal.

El 2020 ha sido un año especialmente difícil a causa de la pandemia, ¿qué balance podría hacer del mismo?

R.- Es cierto que el 2020 ha sido un año tremendamente complejo, ha puesto a prueba los modelos de negocio de muchos despachos que se han tenido que adaptar a una nueva realidad, ha sido un año en el que ha primado ofrecer soluciones a los clientes, ofrecer seguridad jurídica en un momento absoluto de incertidumbre e incerteza, y ha sido un año en el que ha quedado constatada la importancia y el peso que los servicios jurídicos tienen en la vida de las personas, hemos trabajado muchísimo y hemos pasado momentos muy duros, al ver como clientes y amigos pasaban y pasan actualmente por una situación difícil, pero también ha sido un año de solidaridad, de crecimiento y de esperanza. En el que hemos demostrado que juntos somos mas fuertes, y que como toda crisis nos ha brindado oportunidades.

¿En que medida han cambiado la forma de ofrecer los servicios jurídicos de su despacho?

R.- En nuestro caso desde el primer momento adaptamos el despacho a las nuevas tecnologías, instauramos el teletrabajo en todas las ramas del derecho que no requerían presencia física del letrado, que prácticamente fueron todas, menos el departamento de derecho penal, instauramos canales de acceso a consultas por videoconferencia desde la web, contratamos plataformas de multi-conferencia y establecimos protocolos de entrega de documentación mediante el uso de las nuevas tecnologías, nubes sistemas de encriptado de documentos y certificaciones digitales, hemos aprendido qué esta tecnología ha venido para quedarse, en una segunda etapa, decretado el final del primer estado de alarma,  cambiamos la configuración de las salas de reuniones para adaptarlas a este nuevo formato de video-reuniones incluso hemos celebrado algunas vistas y audiencias desde nuestra propia sala de juntas.

Estos cambios, ¿han venido para quedarse?

R.-Absolutamente si, no me cabe duda de que hemos vivido un antes y un después en la forma de ejercer la abogacía, antes era impensable realizar la asistencia a un detenido por teléfono o por video-conferencia, ahora mismo nos parece obvio que siempre se pudo realizar, que ha demostrado en muchas ocasiones ser una herramienta que permite ahorrar tiempo y desplazamientos innecesarios y que si no hemos evolucionado con las nuevas tecnologías es simplemente porque no nos hemos visto obligados a hacerlo.

Considero que aún nos quedan más cosas por ver en cuanto a tecnología y derecho se refiere, y que durante los próximos años el ejercicio de la abogacía y la prestación de servicios jurídicos sufrirá una revolución tecnológica mucho mayor de la que hemos vivido a consecuencia de esta pandemia.

En su caso, ¿le ha tocado participar en juicios telemáticos? ¿cómo valora esta experiencia? 

R.- Si, en mi condición de letrado especialista en derecho penal, jurisdicción en la que ejerzo en exclusiva, he atendido multitud de clientes por video conferencia en sede penal, sobre todo en los pases a disposición judicial, y alguna que otra vista en la que el investigado se hallaba fuera del partido judicial, lo cierto es que lo que falla son los medios, siguiendo la técnica de la OMS cuando nos hablaban de los famosos test, en este caso hay que decir: “medios, medios, medios”.

Si dotamos a la administración de justicia de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios tendremos una justicia mas ágil, garantista y eficaz, es así de simple y así de complejo a la vez, es bochornoso ver en las circunstancias que tienen que trabajar algunos juzgados, sistemas informáticos que se colapsan o cuelgan, sistemas de videoconferencias que aun funcionan por llamadas telefónicas, ordenadores del siglo pasado, y en ocasiones falta de formación en nuevas tecnologías a los funcionarios, no podemos pedirles más, con lo que tienen hay que dar gracias que puedan hacer su trabajo.

¿Han cambiado mucho las necesidades legales de los clientes durante el 2020?

R.- Las necesidades son las mismas, lo que considero que ha ocurrido es que hay una conciencia mayor de lo importante que es estar bien asesorado jurídicamente, ahora parece que el derecho ha inundado nuestra vida, pero esto siempre ha sido así, la diferencia es que antes no teníamos esa sensación de lo importante que es conocer cuales son nuestros derechos, hasta donde nos pueden exigir y que podemos hacer en determinados momentos. El nivel de consultas ha crecido exponencialmente y el nivel de litigiosidad en algunas ramas del derecho también, y bajo mi humilde opinión esto solo es el principio.

Desde el punto de vista de las novedades legislativas y pronunciamos judiciales, ¿qué es lo que considera más relevante en el 2020?

R.- Sería muy difícil hacer un balance de lo mas relevante judicialmente o a nivel legislativo de todo el 2020, lógicamente por su incidencia en los derechos de los ciudadanos la declaración del estado de alarma que vivimos en marzo, y la posterior vorágine normativa,  sin duda, fue un antes y un después para la mayoría de la población, con la aplicación de una herramienta legal que ni sabían que existía, ahora considero que son mas conscientes del poder del estado.

En mi rama de ejercicio, el derecho penal, si me tengo que quedar con un pronunciamiento judicial destacable es el cambio de interpretación que hace el Tribunal Supremo sobre la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  este artículo otorga la posibilidad a ciertos familiares, de no declarar en contra de otro familiar, esta dispensa se utilizaba con frecuencia en los casos de violencia de género, cuando por reconciliación, por miedo o por presiones del tipo que fuesen,  la mujer en el acto del juicio decidía no declarar contra su pareja, esto generaba lógicamente, a falta de otras testificales, que no se tuviese una prueba suficiente de cargo para condenar al presunto agresor.

Por lo tanto, antes de esta decisión la mujer podía acogerse a la dispensa de no declarar contra su pareja, aun habiendo sido víctima de violencia de genero, tras la sentencia del Tribunal Supremo número 389/2020, de 10 de julio este criterio cambia, y ahora una vez que la mujer víctima de violencia de género, se ha constituido como acusación no puede acogerse a la dispensa a no declarar, y pasa a tener la obligación como cualquier testigo de declarar diciendo la verdad sobre lo sucedido, considero que el Tribunal Supremo cambia el criterio seguido hasta esta sentencia, con el objetivo de  proteger a la víctima de violencia de género, rompiendo esa espiral de  agresión y reconciliación posterior, que normalmente termina en episodios violentos de mayor gravedad.

¿Qué perspectivas tiene su despacho para el 2021?

R.- Continuar con la línea que marcamos en 2020, consolidación y crecimiento, sobre todo en áreas internacionales, nuestro despacho ha firmado este pasado 2020 acuerdos de colaboración con letrados y despachos de todo el mundo, nos hemos dado cuenta de que estamos en un entorno global y que las necesidades de nuestros clientes son igualmente globales, por ese motivo formamos parte de varias estructuras internacionales, queremos que nuestros clientes se encuentren protegidos en cualquier parte del mundo acudiendo siempre a un único interlocutor.

Para este año que comienza ya se habla de varias reformas legislativas, ¿Qué es lo que considera que necesita una reforma urgente? 

R.- Sinceramente no considero que necesitemos ninguna reforma legislativa de forma urgente, hay muchas disposiciones que son mejorables y que se deben mejorar, la ley integral contra la violencia de género, ciertos artículos del código penal, la Ley de enjuiciamiento criminal, pero ninguna de esas reformas o mejoras se deben adoptar desde el plano de la urgencia y la celeridad, ese es el error que comete muchas veces el legislador, son reformas de calado, que deben ser concienzudas y estar consensuadas con los operadores jurídicos, todo es mejorable pero con el tiempo y el análisis que requieren cuerpos legales tan importantes como los mencionados.

¿Cree que la Justicia será capaz de remontar en el 2021 el parón judicial ocasionado con la pandemia?

R.- Sin ser pesimista creo que no, y menos con la falta de medios que tiene la justicia hay señalamientos a dos años vista en el ámbito laboral, la jurisdicción civil está sufriendo retrasos considerables por la acumulación de trabajo, incluso en el ámbito penal se tardan meses en llamar a un investigado a declarar, tenemos una falta de medios endémica en el sistema judicial y los responsables políticos no han sabido gestionar la administración de Justicia, hay juzgados que sobreviven con un par de funcionarios cuando antes había un decena, ha quedado patente una verdadera incompetencia organizativa en el ámbito judicial, considero que 2021 y 2022 cargarán con el lastre de los meses de inactividad que provocó la pandemia y con la acumulación de trabajo a consecuencia de la falta de organización y medios de muchísimos órganos judiciales.