Madrid, 13 jul (EFE).- Un juez de la Audiencia Nacional decidirá si consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la validez como prueba del más de billón de mensajes intervenidos en el desmantelamiento de la red encriptada Sky ECC, que han nutrido decenas de investigaciones por narcotráfico en España y en toda Europa.

El descifrado de esta y otras plataformas como EncroChat gracias a operaciones coordinadas por las agencias europeas Europol o Eurojust se consideró un éxito para investigaciones desarrolladas en diferentes países europeos, pero también fue puesta en duda por abogados defensores al considerar que suponía una intervención masiva de mensajes que podría vulnerar los derechos de los investigados.

Ante estas dudas, un tribunal de Alemania planteó el año pasado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la validez como prueba de los mensajes interceptados de Encrochat, que según la agencia de coordinación judicial Eurojust fue uno de los mayores proveedores de comunicación encriptada entre usuarios europeos involucrados en actividades delictivas.

Y ahora el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge debe decidir si hace lo mismo con Sky ECC después de que la defensa de dos investigados en una causa de narcotráfico pusiese sobre su mesa la necesidad de contar con una interpretación "comunitaria y de aplicación general a todos los países europeos" que "marque la senda" a seguir respecto a un asunto que ha dado lugar a numerosas peticiones de nulidad.

El letrado Sergio Nuño Díez de la Lastra, de Díez de la Lastra Abogados, ha solicitado al juez que eleve otra cuestión prejudicial al TJUE que se incorpore a la que ya está activa para consultar sobre "la legalidad de lo actuado por las autoridades galas -responsables del desmantelamiento de la plataforma en coordinación con los servicios secretos de otros países de la UE- respecto del aplicativo Sky ECC y la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos investigados".

Según expone en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, se trata de una cuestión que "desborda" la competencia de los tribunales españoles dado que el origen de las investigaciones es "de carácter supranacional, liderada y supervisada por organismos policiales supranacionales".

Porque, prosigue, aunque la investigación inicial se haya troceado en decenas de procesos que se han ido enviando a los distintos países, "el origen", su "articulación y su ejecución" ha sido realizado por autoridades extranjeras "alejadas de la regulación española para acordar esta clase de medidas de injerencia y afectación de derechos fundamentales".

El abogado indica que la actuación llevada a cabo por esos organismos no ha contado "con el conocimiento previo y autorizaciones judiciales" de los tribunales nacionales para investigar los teléfonos que utilizaban las plataformas Sky ECC o Encrochat ciudadanos españoles.

En España, por el momento, ningún tribunal se ha pronunciado sobre la validez de estos servicios de mensajería, aunque hay algún recurso en el Tribunal Constitucional, pero sí se ha hecho referencia al "principio de confianza mutua" con los distintos países europeos, en concreto, con Francia.

Un "mantra inexpugnable", en palabras del abogado Díez de Lastra, que no puede seguir invocándose sin conocer cuál es "la realidad jurídica comunitaria" y saber si esos mensajes constituyen una "prueba legalmente obtenida" para proseguir con estas y "decenas de procesos judiciales pendientes en el resto de España".

Por eso, el criterio del TJUE puede ser clave para el devenir de las más de 70 investigaciones en marcha que se han nutrido con estos mensajes.

Entre las cuestiones que el abogado plantea consultar a Europa se encuentra la necesidad de saber si España debe autorizar, por ejemplo, la intromisión en las comunicaciones de sus ciudadanos con carácter previo a comenzar la investigación en otro país.

La solicitud formulada se encuadra en la causa contra más de una treintena de investigados tras la operación policial que desmanteló en octubre de 2022 la "mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa", activa desde el año 2000, en su mayoría integrada por ciudadanos sirios que operaba desde un restaurante del polígono industrial madrileño de Cobo Calleja (Fuenlabrada).