La Fundación de la Abogacía Española ha presentado el informe sobre Empresas y Derechos Humanos, resultado de la investigación encargada a Víctor Pascual Planchuelo, doctor en Derecho Internacional Público.
El informe, que lleva por título “La abogacía española, actor clave en el cumplimiento de la diligencia debida y el respeto a los Derechos Humanos por parte de las empresas” ha sido presentado por el propio Víctor Pascual, que afirmó en su exposición: “La UE está demostrando ser vanguardista en materia de protección de Derechos Humanos” y que “lo importante es que este soft power se transponga a una normativa obligatoria”.
Siguiendo el esquema del índice de la propia investigación, Pascual Planchuelo comenzó enfatizando el papel clave que la abogacía ostenta en la sociedad para hacer verdaderamente efectivos los Derechos Humanos. En su principal misión de defensa de derechos e intereses, el profesional de la abogacía incide directamente tanto frente a clientes particulares, variadas compañías y las propias administraciones públicas. De ahí que, cuando se trata de Derechos Humanos y principios rectores sobre empresas, resulta ineludible poner en el centro de este esquema la figura del abogado/a.
Lo que se abrió paso bajo un paraguas jurídico internacional, cristalizando en los principios Ruggie y las líneas directrices de la OCDE, ha ido creando obligaciones políticas ampliamente conocidas como el Pacto Mundial o los Objetivos de Desarrollo Sostenible articulados a través de la Agenda 2030.
En línea con la tendencia universal, el Consejo de Europa ha ido adoptando diversas decisiones y recomendaciones en materia de empresas y Derechos Humanos, ya que el Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge numerosos derechos humanos que directamente pueden verse afectados por la actividad de las empresas. Ello a su vez ha provocado condenas por el TEDH a aquellos estados que no han creado las condiciones propicias para el respeto de los mencionados derechos.
En esta presentación también participó José Alberto Navarro Manich, socio de Uría Menéndez especializado en RSC y Derecho Administrativo y patrono de la Fundación Profesor Uría, que abordó el papel crucial que la abogacía va a tener a raíz de la recién aprobada Directiva sobre diligencia debida – que pendiente el proceso de transposición, con el amplio campo de ejercicio que podría abrirse al abrirse la legitimación para denunciar a las empresas que incumplan la normativa. Igualmente se habló del nacimiento de nuevas oportunidades con la creación del Human Rights Protection Officer o delegado de protección de DDHH, similar a la figura del delegado de protección de datos.
En este acto también se recalcaron las diversas lagunas que deja la nueva Directiva, como la no inclusión del mercado financiero y la convención contra la corrupción
Encuentra el informe completo aquí:
No hay comentarios.