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  • Durante el 2015 ha bajado la litigiosidad, a excepción del ámbito civil, posiblemente debido a la supresión de las tasas judiciales. La jurisdicción penal es la que tiene más litigiosidad (128%), un 7% menos que el año 2014. Entre las causas de esta caída se apunta la entrada en vigor del nuevo código penal.
  • La jurisdicción penal es la que registra un mayor volumen de asuntos tramitados. El informe alerta de que en 2015 se presentaron 152.115 nuevos expedientes sobre violencia de género y 26.665 de menores.
  • La jurisdicción social está colapsada desde 2010 debido al aumento de asuntos en este ámbito, mientras que la contencioso-administrativa es la que menos expedientes tramita debido a la complejidad de los mismos.
  • Los abogados/as denuncian que más del 80% de los juicios se celebran con retraso, incluso en el primer señalamiento
  • El Informe de la justicia señala el 2015 el peor registro en 10 años del catalán en la administración de justicia.

El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca i Nadal, junto con las diputadas responsables de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia Eva Pous i Raventós y Julia Herrero Alcorta han presentado hoy en rueda de prensa las conclusiones del Informe de la Justicia con el objetivo de dar a conocer la visión de la abogacía en relación al funcionamiento de la Administración de justicia, tomando como referencia los últimos 5 años. Este año se analiza el periodo 2010-2015. A la presentación han asistido también otros miembros de la Junta de Gobierno.

El Informe de la Justicia, que es una publicación anual que el ICAB realiza desde el año 2007, recoge los datos sobre la evolución de la tasa de resolución*, de pendencia**, de congestión *** y de litigiosidad **** en los diferentes ámbitos jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social) valorando su impacto, especialmente en la demarcación del Colegio de la Abogacía de Barcelona, que incluye Barcelona y las 11 delegaciones, situadas en Arenys de Mar, Badalona, Berga, Gavà, L’Hospitalet, Igualada, El Prat de Llobregat, Sant Boi, Santa Coloma, Vilafranca del Penedès y Vilanova i La Geltrú.

TASA DE RESOLUCIÓN *: Es la capacidad que tiene el órgano judicial para resolver los asuntos ingresados en cada periodo, sin tener en cuenta los asuntos pendientes de años anteriores. Cuanto más baja sea, significará que se resuelven menos casos de los que se ingresan.
TASA DE PENDENCIA **: Muestra el número de asuntos que quedan por resolver en un año
TASA DE CONGESTIÓN ***: Muestra los asuntos ingresados sumados a los asuntos pendientes al finalizar entre los asuntos resueltos.
TASA DE LITIGIOSIDAD ****: Es el reflejo de la conflictividad en términos de actividad judicial, en relación con la población de una determinada demarcación o jurisdicción

El Informe de la Justicia 2016 también analiza la situación del catalán en el ámbito de la justicia, la evolución de la informatización de la Administración de Justicia a través de los sistemas E-Justicia y LEXNET y finalmente hay una valoración de la abogacía en relación a su percepción sobre el funcionamiento de la Administración de la Justicia, realizado a partir de encuestas a 450 abogados/as ejercientes y del ‘Barómetro de la CRAJ “donde se pide periódicamente a los colegiados/as y del ICAB su opinión sobre determinados aspectos del día a día en la justicia.

Tasa de litigiosidad

La mayor tasa de litigiosidad se encuentra en la jurisdicción penal, ya que en 2015 registró una conflictividad del 128%. Si bien este porcentaje ha disminuido un 7% respecto al año 2014 (135%). Este porcentaje se ha reducido un 18% en el periodo 2010 -2015 dado que la tasa de litigiosidad en el ámbito penal era del 146% en 2010.

Hay que tener en cuenta que la tasa de litigiosidad registrada en los órganos que integran la demarcación ICAB es superior. Así por ejemplo, en el ámbito penal es del 180% en 2015, un 7% menos respecto al año 2014 (187%). Cabe señalar que en la demarcación ICAB se concentra la mayor parte de la población de Cataluña y es donde hay una actividad laboral e industrial más grande.

Entre las posibles causas de este descenso se puede apuntar la reducción de la tasa de criminalidad, motivada por la reforma del código penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015 entre otras modificaciones legislativas.

En relación al resto de jurisdicciones, en la civil se ha producido un repunte del 3%, pues del 40% que se registró en 2014 se ha pasado a un 43%. Entre las causas se podría apuntar al impacto de las tasas judiciales. En cambio, en la demarcación ICAB la litigiosidad civil ha disminuido pasando del 54 al 51% (-3%).

Hay que tener en cuenta que desde la aprobación de las tasas judiciales el 20 de noviembre de 2012 se han dictado diversas reformas legislativas entre las que cabe destacar el Real Decreto Ley de 28 de febrero de 2015, aprobado por el Gobierno, que suprimió las tasas judiciales para las personas físicas. El fracaso de las tasas judiciales se ha completado con la sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 21 de julio de 2016, en que se declara nula la cuantía de la mayoría de las tasas por el abuso que conllevaban.

En el orden contencioso-administrativo y en el ámbito social la tasa de litigiosidad registra el 4% y el 9% respectivamente.

La tendencia de la tasa de litigiosidad ha bajado en los últimos años. La jurisdicción que ha presentado una mayor variabilidad en el periodo 2010-2015 ha sido la contencioso-administrativa, con una regresión del 28%. En relación a la demarcación ICAB, cabe destacar que la tasa de litigiosidad en este ámbito es ligeramente inferior al resto de España, siendo pues el único ámbito donde se produce este hecho.

Asuntos pendientes hacia asuntos registrados

Sobre los asuntos tramitados ante los órganos jurisdiccionales, el Informe de la Justicia del ICAB distingue las diferentes categorías: pendientes al inicio, ingresados, resueltos y pendientes al finalizar el ejercicio.

Los ámbitos civiles y penales son los que anotan un mayor número de asuntos pendientes al inicio. En penalti el volumen de expedientes es de 5.927.599 asuntos ingresados, mientras que en el civil la cifra es de 1.991.382 expedientes registrados.

Tasa de resolución

A pesar de la jurisdicción penal es la que mayor volumen de asuntos tramita anualmente, el número de expedientes que restan para finalizar es proporcionalmente menor en comparación con la de otros ámbitos. El ICAB valora positivamente este hecho dada la gravedad de los asuntos que estos tribunales deben resolver.

Dentro de la tasa de resolución del ámbito penal, los juzgados de primera instancia son los que mayor volumen de asuntos concentran, pero llama la atención los datos estatales de menores y de VIDO. En el año 2015 se han ingresado 152.115 nuevos expedientes de violencia de género, a los que se tiene  que sumar los 29.827 asuntos pendientes. De estos se resolvieron 174.128 y se quedaron pendientes 30.682.

Sobre Menores se han ingresado 26.665 casos nuevos en 2015, que se tuvieron que sumar a los 13.385 pendientes. De estos se resolvieron 28.438 restando pendientes 12.698.
En el ámbito civil, los juzgados de mercantil y de familia se ocupan de un número de asuntos relativamente importante. Así por ejemplo, en familia se han ingresado en 2015, 305.490 asuntos que se han sumado a los 144.348 pendientes. De estos se han resuelto 297.305 y están pendientes de finalizar 148.103. Mientras que en Mercantil se han ingresado 117.112 a los que hay que añadir los 80.430 que quedaban pendientes. En total se han resuelto 85.797 y faltan por  tramitar 111.648 expedientes.

En cambio, en la jurisdicción social el número de asuntos que han ingresado desde el año 2010 ha sido superior al volumen de expedientes que se han resuelto en el mismo periodo. Esto se debe a que esta jurisdicción ha sido la que mayor castigo ha experimentado en términos de incremento de carga de trabajo a raíz de la crisis económica, que ha provocado muchos despidos y como consecuencia de ello han aumentado las impugnaciones por despido, las reclamaciones de cantidad, demandas en materia de Seguridad Social, etc.

Por otra parte, el Informe de la Justicia alerta de que la jurisdicción contencioso-administrativa es la que tramita una menor cantidad de expedientes. Esta jurisdicción arrastra un histórico problema de congestión debido a la complejidad y diversidad de los asuntos que en esta se tratan (como por ejemplo, impugnaciones de licencias de actividades urbanísticas de Cataluña, multas administrativas).

Sentencias

De acuerdo con el volumen de asuntos que se tramitan en cada uno de los cuatro ámbitos, la jurisdicción penal es la que dicta un mayor número de sentencias, con un total de 590.299. Una de las características que se repiten en los cuatro órdenes jurisdiccionales es que el número de sentencias es notablemente inferior al volumen de asuntos que se han tramitado. Sobre todo en el ámbito civil y penal.

Cabe destacar que en la demarcación ICAB se dictan un número muy similar de sentencias, incluso superior en algunos casos, respecto al ámbito “Cataluña sin demarcación ICAB”, aunque esta segunda ocupa una mayor extensión geográfica.

Así por ejemplo, mientras en el ámbito penal ha habido 56.083 ejecuciones de sentencias en la demarcación del Colegio de la Abogacía de Barcelona, en la zona “Cataluña sin demarcación ICAB” las sentencias han sido un total de 41.264. En penal el ratio es de 37.365 versus 38231, en contencioso-administrativo es 5.407 versus 7.331 y en social 13.899 respecto a los 17.350.

Ejecuciones

En cuanto a las ejecuciones, el Informe de la Justicia 2016 resalta que la jurisdicción civil registra una acumulación de asuntos importante, que se evidencia en la diferencia existente entre los asuntos que se ingresan y resuelven.

Esto se debe a que en los procesos de ejecución civil las condenas y su consiguiente ejecución depende de la solvencia del deudor. Esto hace que los procedimientos de ejecución se demoren más años, hasta que la sentencia se ve completamente satisfecha.

La jurisdicción social es la que experimenta una mayor progresión en relación a la tasa de resolución, ya que de un 91% en el año 2010 se ha pasado al 105% en 2015, lo que supone un aumento del 16%. Cuando en el ámbito civil, es la que menos progresión ha registrado en el periodo 2010-2015.

La demarcación ICAB sigue la misma tendencia.

Tasa de pendencia

La tasa de pendencia cuanto más baja sea la cifra expresada por este indicador, menor será la acumulación de trabajo que se debe afrontar en los tribunales.

El informe de la Justicia 2016 apunta a que la tasa de pendencia ha bajado de forma progresiva si se tiene en cuenta las cuatro jurisdicciones. Esta regresión se concentra sobre todo en los ámbitos penal, civil y contencioso-administrativo,  con una variabilidad en el referido período de un -20% aproximadamente.

El orden social es el único que el 2015 ha tenido un incremento (de un 8%) respecto a la tasa de 2010, que era de un 69%. Este aumento se debe a la evolución coyuntural del mercado de trabajo en nuestro país en los últimos años, unido a la situación de crisis económica y financiera que estalló en 2008.

A pesar de la distancia entre cada una de las jurisdicciones, a medida que se van sucediendo los años, la contenciosa-administrativa es la que registra los niveles de dependencia más elevados.

Los niveles de pendencia anotados por los tribunales en la Demarcación ICAB son por norma ligeramente inferiores a los registrados a nivel general. Al igual que ocurre en el ámbito estatal, en el orden social-demarcación ICAB la tasa de pendencia es ostensiblemente superior, por las causas anteriormente citadas.

Tasa de congestión

En relación a la tasa de congestión, cuanto más bajo sea el valor de este índice en mejor situación se encontrará la Administración de Justicia, ya que la tasa supone el reflejo de los niveles de saturación que sufre un determinado órgano o jurisdicción.

A nivel estatal, a medida que se van sucediendo los años, la tasa de congestión experimenta una regresión progresiva, de aproximadamente un 8%, considerando los cuatro órdenes de forma conjunta. El ámbito penal es el que tiene un índice más bajo, con un 113% en 2015.

Cabe destacar la ligera regresión de la tasa en el ámbito social, que aunque es muy alta (un 178% en 2015) conlleva una reducción del nivel de saturación, que era del 191% en 2014 y del 196% en 2013.

Los valores de este índice en la demarcación ICAB son inferiores a 2015 respecto al ámbito estatal, a excepción del ámbito social donde la tasa es del 199% hacia el 178% (nivel estatal). En cambio la tasa de congestión es superior si la comparamos con el 2010. Así por ejemplo, del 104% en la jurisdicción penal pasamos el 2015 al 113% mientras que en el ámbito de lo contencioso-admimistratiu llegamos al 189%.

Duración de los procedimientos

El informe de la Justicia 2016 destaca que la duración media de los procedimientos ha aumentado ligeramente respecto a 2010, donde la media se situaba en 4,22 meses.

Por jurisdicciones, la penal es la más baja de todas, llegando a 4,31 meses. En segundo lugar está la civil, con una media de unos 6,1 meses, seguida por los 10,7 meses de los sociales y los 11 meses de los temas que llegan a la jurisdicción contencioso-administrativa.

También se debe tener en cuenta que la duración de un asunto también varía ante el órgano ante el cual se tramita. Así por ejemplo, la sala de lo penal del TSJ ha aumentado el tiempo de resolución a medida que se han ido sucediendo los años, mientras que los juzgados de primera instancia e instrucción, o los juzgados de menores, el tiempo estimado de resolución de los asuntos ha disminuido en los últimos ejercicios.

La reducción del tiempo medio en el ámbito civil se debe, en parte, a la reducción de la tasa de litigiosidad en este ámbito. En este sentido, los órganos que mejores ratios tienen son los juzgados especializados en familia.

El ámbito social se ha mantenido con la misma tasa que en el año 2014, sin embargo sigue siendo bastante superior que en 2010, donde había una media de 7,7 meses de media para resolver un caso.

La complejidad de los procedimientos explica que el ámbito contencioso-adminstrativo sea el que registra el mayor tiempo para resolver los procedimientos. Sin embargo, cabe destacar que desde 2014 se ha visto un cambio de tendencia, por lo que se ha bajado a 12,6 meses (2014) y 11 meses en el 2015, mientras que el periodo 2013 se llegó a la duración máxima de resolución: 14,2 meses.

Justicia, un claro reflejo de la sociedad

El Informe de la Justicia muestra cómo la evolución social tiene su repercusión directa en la justicia. Así, por ejemplo, la crisis económica ha supuesto un aumento de determinados tipo de procedimientos, como los despidos laborales y los desahucios hipotecarios. Prueba de ello, es el aumento de noticias sobre temas de justicia social en los medios de comunicación.

Uso de las nuevas tecnologías

El Informe de la Justicia 2016 contiene un apartado dedicado a la informatización y modernización de la justicia, derivada de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a raíz de la Ley 42/15, de 5 de octubre que establece la obligatoriedad por parte de los abogados de comunicarse con la Administración de Justicia a través de los sistemas telemáticos a partir del 1 de enero de 2016.

En Cataluña el departamento de Justicia ha apostado por el expediente electrónico y ha impulsado el sistema E-Justícia. Este sistema se está implantando de forma progresiva. Así por ejemplo sólo se puede emplear en los juzgados de lo social y civiles de Granollers, Mataró, Sabadell, Terrassa y a partir del 28 de noviembre en los juzgados civiles de Barcelona y en diciembre los juzgados de lo contencioso-administración de Barcelona.

En la mayoría de España es LEXNET MINISTERIO el sistema telemático usado. LEXNET ya es 100% operativo. El acceso se puede realizar a través del link https://lexnet.justicia.es/, que es la vía habilitada por el Ministerio de Justicia.

La opinión de la Abogacía: “a pie de toga”

El Colegio de la Abogacía ha realizado una encuesta a 450 colegiados/as ejercientes para conocer la opinión de la abogacía (16.500 colegiados ejercientes) sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia. Estas opiniones complementan los facilitados a través del Barómetro, encuestas realizadas por la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ) del ICAB, a través de la página web.

Entre los temas que más preocupan a la abogacía cabe destacar que los abogado s/as denuncian que más del 80% de los juicios se celebran con retraso, incluso en el primer señalamiento. El retraso a la hora de celebrar el primer señalamiento más elevado se da en los juzgados del social (93%),  seguido de los penales (91%) y los juzgados de instrucción (80%).

Más del 64% de los abogados consideran que los retrasos en la tramitación de la justicia se deben a la organización inadecuada de los juzgados y un 54% lo imputan a la insuficiencia de recursos humanos.

Otra de las preocupaciones es la dificultad de acceder al atestado policial. En este sentido el ICAB quiere volver a denunciar que el acceso al atestado policial es básico para una buena y correcta defensa del detenido/a. Esta reivindicación está recogida en la normativa europea (202/13 / UE), en vigor desde el verano de 2014.

El catalán en la justicia

El Informe de la Justicia señala el 2015 como el peor registro de los últimos 10 años en relación a las sentencias dictadas en catalán. Se ha pasado del 18% en 2006 al 8,4% (19.375 de las 230.877 sentencias realizadas en 2015). Por demarcaciones territoriales el número de sentencias dictadas es el siguiente: Girona (16,7%), Barcelona ciudad (8,3%), Barcelona comarcas (7,4%), Lleida (9,3%), Tierras del Ebro (5,5%), Tarragona (3,6%)

Si lo comparamos con el año 2014, ha habido un descenso de un 4%, ya que hubo un 12,2% del total de sentencias en Cataluña.

El retroceso del uso del catalán en la Justicia se da en parte porque la mayoría de abogados y abogadas utilizan el castellano para dirigirse a la Administración, además del hecho de que la formación en derecho aún hoy en día sigue siendo preferentemente en castellano.

El ICAB continuará trabajando para conseguir un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, de ahí que el decano de esta Corporación reclama un pacto para la justicia, pues sólo si la justicia es una prioridad para el gobierno de nuestro país este ámbito conseguirá ponerse al nivel que la sociedad del siglo XXI merece.

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