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  • Un total de 36.327 ciudadanos extranjeros fueron detenidos el año pasado por infracción de la Ley de Extranjería y de ellos, 6.930 acabaron ingresados en alguno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para ser expulsados, aunque en el 59% de los casos esta no llegó a ejecutarse, según el informe 2015 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En total, España expulsó a 10.594 personas.

El trabajo, presentado este miércoles, 20 de julio, por la Defensora del Pueblo en el Congreso, revela así que el año pasado se redujeron los internamientos, con 6.930 casos frente a los 7.340 del año anterior, y se incrementó la proporción de personas que no fueron expulsadas pese a haber sido retenidas con ese fin: un 59% respecto del 53% de 2014.

No obstante, la tasa varía en función del CIE de que se trate. En el de Madrid se detuvo a 1.469 personas y el 70,52% de ellas fueron expulsadas. Es el CIE con más actividad pero el que tiene mayor tasa de expulsiones es el de Murcia, donde el 93,91% de los migrantes retenidos el año pasado (690) acabaron deportados, seguido de Tenerife, con un 88,89%.

Destaca en el sentido contrario el CIE de Las Palmas, donde el 97,2 por ciento de los internos acabaron siendo puestos en libertad, cosa que ocurre cuando no se consigue identificar de qué país es esa persona, cuando España no tiene acuerdos con ese país o cuando el internamiento no se ajusta a derecho.

En el de Algeciras fueron el 79,5% las personas inexpulsables y en el CIE de Zona Franca, en Barcelona, ascendieron al 72,22 por ciento. Este centro registró el internamiento de 738 personas antes de cerrar por reformas el año pasado.

La Defensora centra sus recomendaciones en los CIE de Tarifa y Algeciras, a los que giró visitas el año pasado, y señala asuntos como que “sigue sin prestarse asistencia psicológica y psiquiátrica, lo que sería recomendable”, que “resulta necesaria la ampliación del servicio de asistencia jurídica” a sus internos o que en Tarifa “no existe presencia permanente médica” y no han adoptado el protocolo de prevención de suicidios, entre otras.

Más de 10.000 expulsiones 

El informe indica que España expulsó el año pasado a 6.869 extranjeros, de los que 5.864 tenían antecedentes penales y el resto fueron deportados por estancia irregular. Constan asimismo 3.725 devoluciones materializadas de “personas que trataron de entrar en España por puestos no habilitados como fronteras”. En total, 10.594 personas.

No obstante, el informe refleja que en operativos de deportación fueron expulsados 3.133 extranjeros, por lo que el resto habrían sido devueltos a sus países en vuelos regulares, con datos que recoge de la Comisaría de Extranjería y Fronteras. El grupo más amplio, 1.463 fueron ciudadanos marroquíes expulsados por Ceuta en 79 operaciones distintas. Asimismo, figuran 918 personas repatriadas a Argelia en 82 viajes en barco.

Junto a ellos, 499 extranjeros que fueron embarcados en 13 vuelos internacionales con destino a los diversos países a los que se les iba a deportar. Constan también 160 personas que fueron trasladadas en 5 vuelos de repatriación de FRONTEX organizados por España y 80 embarcados en 10 vuelos de FRONTEX que habían organizado otros países.

La Defensora del Pueblo supervisó cuatro de estos operativos de expulsión financiados por FRONTEX que en tres casos, organizaba España y que tenían destino a Bogotá (Colombia) y Santo Domingo (República Dominicana) el 28 de enero; a Islamabad (Pakistán) el 15 de abril, y a Tirana (Albania) y Tbilisi (Georgia) el 24 del mismo mes. El cuarto operativo, del 23 de julio y con destino Lagos (Nigeria), fueorganizado por Holanda y contó con la participación de España.

Según explica el informe, en tres operativos la supervisión incluyó los vuelos hasta la llegada a destino, mientras que en el de Pakistán la visita se centró en la recepción de los ciudadanos extranjeros, traslado hasta la aeronave y embarque. Si bien no presenció hechos violentos, sí recogió la queja de una persona que denunciaba haber sufrido malos tratos en el traslado desde el CIE.

El informe detalla que la Administración ha rechazado la recomendación del Defensor del Pueblo de hacer exámenes médicos a las personas antes del embarque para asegurar que la salud de esa persona le permite volar, aunque se ha aceptado la recomendación de hacerlo en caso de repatriación fallida.

Más pateras y cayucos

Por otra parte, el Mecanismo Nacional de la Tortura recoge los datos de inmigración irregular del Ministerio del Interior y señala que en 2015, llegaron 16.851 personas en pateras y cayucos, por lo que se consolida la tendencia al alza de 2014, cuando fueron 12.549 frente a las 3.237 que se habían registrado en 2013.

En concreto, a la Península llegaron 4.248 personas, otras 9.169 lo hicieron a Melilla, 2.455 arribaron a Ceuta, 955 a las Islas Canarias y 24 a las Islas Baleares, según el informe, que se refiere en particular a los “llegados en embarcaciones ilegales”.




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