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En el año 2012 el Consejo General de la Abogacía Española puso en marcha el servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Desde entonces la plataforma resultante de la puesta en servicio en el Centro de Proceso de Datos de la Abogacía Española permite a los sujetos obligados (abogados) por la Ley 10/2010, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada Ley.

Dicha plataforma se construyó e integró dentro del portal de servicios de RedAbogacía, y continúa hoy día en producción dando servicio a los abogados españoles.

Debido al tiempo transcurrido desde que se inició, se ha apostado por realizar una renovación integral del servicio para cumplir con estos objetivos:

– Actualizar la plataforma tecnológica en la que se basa, renovando por completo la aplicación haciendo uso de la tecnología actual, redundando en ello una mejora del rendimiento y seguridad de la aplicación y posibilitando su ejecución en los nuevos navegadores actuales.

– Adaptación de la aplicación a la identidad corporativa del Consejo General de la Abogacía Española.

– Mejora considerable de la usabilidad de la aplicación por parte de los abogados.

La Ley obliga a los abogados a llevar a cabo las denominadas “medidas de diligencia debida” (capítulo II de la mencionada Ley), recabando determinada información sobre sus clientes “cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria”.

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