El grupo pretende que se retire la inmunidad judicial al juez Ruano, una herramienta diseñada para facultar a los jueces para que dicten sentencias imparciales y equitativas, libres de presiones o manipulaciones externas injustificadas. Si la Fundación contra el Terrorismo logra su propósito, el juez Ruano se expondría a represalias por el hecho de ejercer sus funciones judiciales.

El 27 de octubre de 2022, la Fundación contra el Terrorismo presentó una demanda contra el juez Ruano por los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones contrarias a la Constitución de Guatemala, abuso de autoridad, simulación de delito e incumplimiento de deberes. Las diligencias iniciadas contra el juez Ruano parecen obedecer a represalias, al estar vinculadas con sus deberes oficiales en el manejo de un caso relacionado con corrupción en el que denunció a una magistrada de la Corte Suprema que trató de presionarlo en relación con un juicio en el que estaba involucrado el hijo de esta. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala debe decidir si las diligencias judiciales previas contra el juez Ruano pueden seguir adelante.

En palabras de la copresidenta del IBAHRI y anterior secretaria general del Colegio de Abogados de Suecia, Anne Ramberg, doctora honoris causa de derecho: «El IBAHRI está muy preocupado y condena cualquier acción que penalice a los actores judiciales por el simple hecho de desempeñar sus funciones. Las medidas que está adoptando la Fundación contra el Terrorismo contradicen de manera flagrante los principios de independencia judicial expuestos en los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. La inmunidad judicial es fundamental para el funcionamiento eficaz y autónomo de un sistema judicial, el cual es a su vez clave para mantener el Estado de derecho para una sociedad equitativa. Presumiblemente, el mensaje que se está enviando a los jueces, a los fiscales anticorrupción y, en general, a todos los ciudadanos de Guatemala es que los poderosos están por encima de la ley y que los casos de corrupción no deben investigarse ni llevarse a juicio. Es algo que no se puede permitir. La justicia es demasiado importante como para que sea secuestrada por unos pocos».

Mark Stephens, comendador del Imperio británico (CBE), copresidente del IBAHRI, afirmó: «Es imperativo que la comunidad internacional denuncie el uso poco ético de la ley en Guatemala como herramienta de represalia contra los jueces del país. El juez Ruano y sus compañeros deben recibir apoyo internacional urgente en el desempeño de sus funciones de acuerdo con sus juramentos. Las diligencias en curso contra el juez Ruano pretenden despojar a los jueces de la garantía contra el enjuiciamiento injusto que les ofrece la inmunidad judicial, un principio básico de la independencia judicial. Su revocación ilegal constituye una medida muy peligrosa. Es un recorrido al que debe ponerse fin. Solicitamos a las autoridades guatemaltecas que protejan a jueces y fiscales de las represalias en forma de acciones judiciales por sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos para todos. Asimismo, pedimos a las autoridades que cumplan con sus obligaciones de proteger la independencia judicial consagrada en acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Se ha informado de que más de 12 jueces y fiscales han huido de Guatemala a la espera de órdenes de detención o cargos. Las acciones judiciales contra el juez Ruano son sintomáticas de que jueces y fiscales están cada vez más en el punto de mira por su trabajo realizado en casos delicados de corrupción y derechos humanos en Guatemala.