Esta mañana ha tenido lugar la inauguración del seminario 'Persona, Empresa y Tecnología' en el Palacio de Miramar de San Sebastián. Este foro, organizado por el Consejo General del Notariado, en colaboración con el Colegio Notarial del País Vasco, se enmarca dentro del programa de cursos de verano la Universidad del País Vasco.
Dirigido por el notario Segismundo Álvarez, el curso contará con las intervenciones de altos cargos de las Administraciones públicas y de notariados europeos, representantes del tercer sector, docentes y magistrados, fiscales y notarios.
La consejera de Igualdad Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa; el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; la vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco; y el presidente del Comité de Programa de los Cursos de Verano y Catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU, José Luis de la Cuesta intervinieron en la inauguración.
Melgosa, durante su discurso, señaló que en el marco de la ley 8/2021 por la que por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica “el Notariado tiene un papel esencial como garante de la autonomía de la voluntad y de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”. Y en esa línea, explicó que desde el Gobierno Vasco se está trabajando en el Plan Estratégico de Justicia de Euskadi 2022-2028 cuyo fin es fomentar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y anunció que en los próximos meses “presentará públicamente el Plan de Acción y el Foro Vasco de Justicia y Discapacidad”.
Martínez Sanchiz, tras dar la bienvenida a ponentes y asistentes, señaló que “las jornadas se llaman Persona, Empresa y Tecnología, porque es una denominación que marca el perímetro de lo que es la actuación notarial, siempre centrada en las necesidades de la sociedad, el desarrollo de las empresas y la tecnología”.
“Hoy nos centraremos en la Ley por la que por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, de gran importancia para el Notariado pues, como en el origen hacían los escribanos, los notarios tenemos la función conseguir que textos, que a veces son complicados, sean comprensibles para todas las personas y así puedan prestar un consentimiento informado”, apuntó el presidente del Consejo General del Notariado
Por su parte, Cuesta aseguró que “este año vuelve a incluirse en los temas del curso la discapacidad ya que la nueva ley ha supuesto una auténtica revolución para la sociedad” y agradeció al Notariado la elección de la UPV/EHU como foro de debate. Para finalizar la inauguración, la vicedecana y anfitriona, Carmen Velasco dio paso al comienzo de las jornadas en las que, señaló, además de la discapacidad se abordarán “otras cuestiones de suma actualidad como la Ley 11/2023 mediante la cual los notarios podrán autorizar actos jurídicos por vía online por primera vez en la historia”.
Diálogos
Bajo el título Aspectos prácticos de las medidas de apoyo, tuvo lugar el primer coloquio. Moderado por el abogado Francisco González, de Aequitas, contó con las intervenciones de la magistrada, Patricia Arrizabalaga; la fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección de personas con discapacidad y mayores, María José Segarra; el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Aequitas, Gonzalo López Ebri; la vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco y el asesor jurídico de Liber y coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión, Torcuato Recover.
Con la nueva ley las personas con una discapacidad pueden designar, mediante escritura pública y con la ayuda del notario, quién o quiénes han de prestarles apoyo y con qué alcance. Para ello se puede, o bien determinar un plan de apoyo que será un sistema hecho “a medida” de las necesidades de cada persona, o establecer apoyos puntuales para realizar cada acto. Por ello, tras casi dos años de entrada en vigor de la ley, esta mesa de diálogo abordó la nueva regulación y los aspectos prácticos de las medidas de apoyo.
En este sentido, Velasco, aseguró que “con esta ley el notario pone una especial atención a lo que la persona es capaz de decir de sí misma y a los apoyos que expresa que necesita para tomar decisiones”. “Hasta ahora los notarios llevábamos a cabo la misma indagación, pero teníamos que derivar ciertos casos al ámbito judicial”, finalizó.
En cuanto a la reforma, López Ebri, indicó que “no he leído en mi vida ninguna reforma legislativa que haya valorado más la institución notarial como instituto fiable y seguro para la aplicación de la ley que la 8/2021”. “La intervención judicial es el último recurso y como señala el Código Civil “solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria, y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias”.
Arrizabalaga abordó la importancia de la curatela que “debe ser asistencial y solo cuando no se pueda será representativa, caso en el que se establecerán controles y salvaguardas”.
Antes de finalizar el coloquio Segarra, que entró por vía online, comunicó en directo que acababa de formar parte de la firma de un protocolo entre la Fiscalía General del Estado, las asociaciones bancarias y el Banco de España para asegurar la autonomía financiera de las personas con discapacidad. “Con este convenio se adaptará la práctica de las entidades bancarias a la nueva legislación. La ley reclama que reconozcamos una mayor autonomía a las personas con discapacidad, pero también que seamos salvaguardas de los abusos”. “Este protocolo protege patrimonialmente a las personas con discapacidad y a los mayores que pueden ser objeto de una influencia excesiva”, finalizó.
Finalmente, Recover, aseguró que esta ley “ha permitido reconocer el universo de las personas con discapacidad y facilitarles el ejercicio de su capacidad mediante un sistema de apoyos”:
El segundo diálogo del día Aspectos sociales de las medidas de apoyo contó con el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, como moderador, y la participación del director de la Sección Jurídica de la Fundación Aequitas, Manuel Rueda, el director general de la Fundación Kyros, Álvaro Martín Moreno; la responsable del Área de Formación de A LA PAR, Marta Martínez Vega; y la asesora jurídica de Plena Inclusión, Natalia Pérez Fernández.
Pérez Bueno, moderador de la mesa, comenzó el coloquio asegurando que “la visión del sector social de la discapacidad es fundamental para que la reforma civil de la capacidad jurídica llegue de verdad a las personas”.
Rueda explicó que “el derecho civil regula como las personas se relacionan entre sí y hay algunas que tienen dificultades para actuar como las demás. La solución según la convención de Nueva York, que protege los derechos de las personas con discapacidad, es suministrar un sistema de apoyos a las personas con discapacidad”.
Por su parte, Martín Moreno, relató lo que una persona con discapacidad le dijo que significaba para la ley 8/2021: “El tener discapacidad intelectual no significa que una persona no pueda decidir ni saber qué quiere, solo que necesita apoyo para determinadas cosas, y facilitar esto ayuda a tener una vida independiente”.
A la hora de establecer medidas de apoyo la figura del facilitador es muy relevante: “Nuestra intervención empieza con una valoración de las capacidades cognitivas de esa persona a la que escuchamos dándole el tiempo necesario, y a partir de ahí hacemos una valoración del tipo de apoyos que necesita esa persona”, aseguró Martínez Vega.
Finalmente, Pérez Fernández explicó la importancia de que las personas con discapacidad comprendan de manera exhaustiva los documentos notariales que firman y, para ello, “desde Plena inclusión España, con Fundación ONCE y la Fundación Aequitas del Notariado hemos puesto en marcha el proyecto Documentos notariales en lectura fácil, una iniciativa para hacer comprensibles para las personas con discapacidad intelectual documentos notariales tales como un escrito de compraventa, un testamento o un préstamo hipotecario”.
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