Madrid, 14 oct (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales lleva al próximo Consejo de Ministros para su aprobación el nuevo baremo de la discapacidad, que mejora la valoración y calificación del grado de discapacidad y establece un trámite de urgencia para personas con ELA, enfermedades raras y víctimas de violencia machista.

Según fuentes del departamento que dirige Ione Belarra, el nuevo baremo, una demanda que las personas con discapacidad reclaman desde hace una década, establece los criterios objetivos para la calificación del grado de discapacidad, agilizando y flexibilizando los trámites con medios telemáticos y asegurando la accesibilidad universal de todo el proceso.

Una de las novedades es la creación de un trámite de urgencia por causas humanitarias o de especial necesidad social, de salud, de esperanza de vida, que podrá incluir, por ejemplo, a personas afectadas por enfermedades como la ELA.

Las víctima de violencia de género también podrán acogerse a este trámite de urgencia, ya que muchas de ellas adquieren discapacidades como consecuencia del maltrato.

El nuevo real decreto regulador del procedimiento para la valoración del grado de discapacidad, que sustituye al vigente de 1999, avanza en la valoración y calificación de realidades que causan discapacidad, como los autismos o las enfermedades raras.

La norma, de hecho, posibilita su revisión a medida que surjan nuevas causas de discapacidad o se realicen nuevos descubrimientos científicos, explican las fuentes.

Esta regulación establece la obligación de garantizar el derecho de los menores con discapacidad a ser informados, oídos y escuchados sin discriminación por razón de la edad o discapacidad.

Además, incluye a la sociedad civil de la discapacidad como integrante de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha sido una de las entidades que han impulsado y demandado esta nueva regulación ante la necesidad de acelerar el procedimiento de valoración, reduciendo los tiempos máximos de espera que sufren miles de personas solicitantes, que superan los dos años en algunas comunidades autónomas.

El Cermi valora el amplio acuerdo que suscita esta nueva regulación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y el sector de la discapacidad que pretende una valoración más ajustada a la realidad de las personas con discapacidad, dotando de mayor relevancia a los factores sociales y contextuales, explica ante la inminente aprobación del nuevo baremo.