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OK Diario informa que la Comisión Europea ha enviado un aviso por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la Ley de Amnistía. Bruselas deja claro que si los jueces españoles presentan una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la aplicación de la amnistía se suspenderá automáticamente.

El artículo 23 del Estatuto del TJUE establece que "en los asuntos sustanciados mediante el procedimiento prejudicial, la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que somete un asunto al Tribunal de Justicia suspende el procedimiento nacional".

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha confirmado esta interpretación en una respuesta al eurodiputado Adrián Vázquez. Además, Reynders recuerda que la jurisprudencia del TJUE exige suspender el procedimiento nacional a la espera de la respuesta del Tribunal.

El "principio de primacía" del derecho europeo obliga a los Estados miembros a inaplicar cualquier normativa nacional que no respete este principio.

¿Qué significa esto?

  • Si un juez español tiene dudas sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho europeo, puede plantear una cuestión prejudicial al TJUE.
  • En ese caso, la aplicación de la ley se suspendería hasta que el TJUE se pronuncie.
  • El TJUE puede tardar años en resolver una cuestión prejudicial.
  • Esto significa que la Ley de Amnistía podría quedar en suspenso durante un largo periodo de tiempo.

La Comisión Europea también recuerda que el acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para eliminar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil no tiene ningún efecto. Este artículo regulaba los efectos de las cuestiones prejudiciales ante el TJUE y, según Junts, ponía en peligro la aplicación de la Ley de Amnistía.

En resumen, la advertencia de Bruselas es clara: si los jueces españoles recurren a la justicia europea, la amnistía se suspenderá hasta que el TJUE se pronuncie.

Además de la vía europea, los jueces también pueden recurrir al Tribunal Constitucional español. Si el Constitucional considera que la amnistía es incompatible con la Constitución, también se suspenderá su aplicación.

El Gobierno de Sánchez y sus socios independentistas han tratado de limitar la actuación de la justicia europea con una enmienda en la Ley de Amnistía, pero Bruselas considera que esta enmienda no tiene efecto.

La Ley de Amnistía ha sido duramente criticada por la oposición y por diversos sectores de la sociedad española. Se considera que la ley es un intento de blanquear los delitos del procés catalán y de erosionar el Estado de derecho.

La decisión final sobre la amnistía recaerá en los tribunales. Es probable que la ley sea recurrida tanto ante el Tribunal Constitucional español como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.




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