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Madrid, 7 nov (EFE).- La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que revoque la rebaja de 15 a 14 años de la pena de cárcel de uno de los condenados de La Manada en aplicación de la ley del sólo sí es sí, al estimar que la decisión no fue proporcional.

En su recurso, al que ha tenido acceso EFE este martes, el ministerio público cuestiona que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se sirviese de "una mecánica adaptación" de la condena impuesta a Ángel Boza a la ley de garantía integral de la libertad sexual, sin adecuarla "a los criterios de proporcionalidad" exigidos.

Para reducir la condena por la violación grupal de una joven en los Sanfermines de 2016, el TSJ argumentó que el Tribunal Supremo señaló en la sentencia que imponía una pena de 15 años a los cinco condenados, "próxima" o "cercana" al mínimo legal, unos mínimos que la ley del sólo sí es sí rebajó "sensiblemente".

La Fiscalía reconoce esa ley modificó la "horquilla penológica" en sus penas mínimas, pero subraya que no se modificaron los máximos, que siguen en los 15 años de prisión.

El ministerio fiscal entiende que la rebaja adoptada por el TSJ "fue meramente aritmética obviando todas aquellas circunstancias" que el Supremo valoró "para imponer esa pena de 15 años, y presumiendo además la decisión que en su caso hubiera tomado el tribunal sentenciador".

En el decreto en el que unificó criterios de actuación respecto a la aplicación de la ley, la Fiscalía General del Estado abogó por mantener las condenas por delitos sexuales si estas estaban comprendidas en la nueva horquilla de penas establecidas por la norma.

También la abogada de la víctima, Teresa Hermida, anunció su intención de recurrir ante el Supremo para conseguir revocar la rebaja de la condena, al entender que el TSJ no tuvo en cuenta la gravedad de los hechos cometidos.

Precisamente este fue uno de los argumentos que esgrimió la magistrada del tribunal que discrepó de sus compañeros y, en un voto particular, defendió que se debió haber mantenido la condena de 15 años de cárcel que impuso el Supremo a Ángel Boza. 




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