Pese a los problemas evidentes de la aplicación que han llevado a pedir a Victoria Ortega, presidenta del CGAE una moratoria y que hasta el sistema funcione sin deficiencias se pueda presentar los escritos en ambas vías, papel y digital, Lexnet, que hasta la fecha según el propio Catalá ha generado 4.739.339 comunicaciones electrónicas y 2.458 incidencias, un sistema que según sus datos ha estado operativo 738 horas frente a las 744 totales, seguirá operativo sin parar su ritmo.
“Intensificaremos la colaboración con las CCAA para que puedan estar pronto aquellas que aún no están como Cataluña, Valencia o País Vasco y crearemos Comisiones de Trabajo, con la presencia de todos los operadores jurídicos, en aquellos lugares donde haya más problemas". Justicia, que tiene un presupuesto de 123 millones de euros para este desarrollo tecnológico, señala que ya ha logrado un ahorro de 28 millones de euros en este primer mes, en cuanto a desplazamientos, tiempo y papel.
La Abogacía solicita la suspensión
Hasta el 29 de febrero el Juez decano de Madrid, Antonio Viejo, ha prorrogado unas medidas excepcionales que se acordaron a finales de enero para compaginar el papel cero con la presentación de los escritos de forma tradicional; al mismo tiempo el Colegio de Abogados de Granada informaba que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) acordaba solicitar al Ministerio de Justicia que adopte de "forma urgente" las medidas necesarias para la "suspensión inmediata o moratoria de la obligatoriedad para los profesionales de la Justicia de la presentación telemática de escritos a través de Lexnet", habilitándolos para presentar sus escritos y demandas en formato papel. Esta cuestión fue abordada en su intervención en la presentación de los primeros resultados a un mes de Lexnet por Victoria Ortega, presidenta del CGAE quien indicó “no se puede vulnerar la tutela judicial efectiva de nadie y en esta situación hay que plantearse una moratoria que compagine el papel y crear Comisiones Provinciales en esos lugares con problemas para que Lexnet funcione”, cuestión esta de las Comisiones que aceptó Catalá de buen grado.
Lexnet es necesario para la modernización de nuestra justicia pero este sistema está teniendo una implantación desigual. Según señaló el propio Ministro en funciones de Justicia “su desarrollo es normal en lo que entendemos como territorio Ministerio; por el contrario, nos costa que hay algunas disfunciones en diferentes CCAA. Sabemos que Cataluña, País Vasco, Valencia y Andalucía estarán pronto en esta integración. Luego habrá que ver la interoperabilidad delos diferentes sistemas de gestión procesal”, indicó. De hecho, la clave de este proyecto hay que verla a medio plazo cuando el próximo 7 de julio, otro mandato legal, tenga que estar desarrollado el expediente digital electrónico, otro hito para el que abogados, jueces, fiscales y profesionales de la justicia ya están reclamando la formación adecuada para que no suceda lo mismo que con la aplicación Lexnet. Catalá recordó que el Ministerio de Justicia había llevado a cabo 1127 acciones online, presencial y mixta para 9874 profesionales e incrementado de forma notable los agentes de atención de usuario; equipo de especialistas y el incremento de operadores in situ, en total más de 120 profesionales en la parte de incidencias.
Balance satisfactorio aunque prudente
Para el titular de Justicia en funciones, el balance es satisfactorio hasta la fecha, aunque “somos conscientes que debemos seguir invirtiendo en recursos humanos y materiales para que la implantación de Lexnet sea una realidad. Volveremos a ofrecer datos dentro de dos meses cuando el desarrollo lleve tres meses en marcha. “Catalá no descartó que se vaya ampliar en capacidad de gigas la herramienta y anunció que dentro de dos semanas tendrá lugar la Conferencia Sectorial de CCAA para analizar mejor sobre el terreno la evolución de esta modernización de la administración de justicia. También apuntó de que cara a este año habrá otros convenios que se suscriban entre esas CCAA y el Ministerio donde habrá otra cantidad de 6 millones de euros, la misma que se repartió en el 2015, para que estos entes autonómicos puedan mejorar su infraestructura tecnológica.
En sus intervenciones Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores y Victoria Ortega, presidenta del CGAE, señalaron la necesidad de que nuestra justicia dé este paso tecnológico. “Los procuradores llevamos tiempo en Lexnet y ya conocemos como funciona”. Más crítica fue Ortega cuando explicó su propuesta de buscar una moratoria al funcionamiento de la aplicación o que mientras se adapta la herramienta se puedan emplea la vía tradicional de presentación de escritos. “Hay graves incidencias, el sistema cuando tiene un volumen determinado se cae o no funciona bien. No puede crearse ninguna inseguridad jurídica por este motivo. De ahí que si la moratoria no sea posible, proponemos crear Comisiones Provinciales de trabajo que atajen las deficiencias de Lexnet”, subrayó. El próximo Pleno del CGAE que será este viernes 12 es muy posible que se fije mejor la postura de la abogacía institucional sobre esta cuestión tan importante para la mejora de nuestra Justicia.
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