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Con el objetivo fundamental de hacer que la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) sea más fuerte, eficaz, transparente e independiente, que llegue de manera real y efectiva a las Agrupaciones y Federaciones de Abogados Jóvenes, a la abogacía joven y a la sociedad en general, así como de dar respuesta a las necesidades de cada Agrupación y Federación y a sus agrupados, actuando en defensa de sus intereses, apoyándoles y ayudándoles, y dándoles mayor protagonismo y participación en CEAJ, surge la candidatura a su Comisión Ejecutiva “X CEAJ. AL SERVICIO DE LA ABOGACÍA JOVEN: PRESENTE Y FUTURO”.

 

 

 

Este equipo, encabezado por Ahinoa Franco (AJA Toledo), está compuesto también por Nestor Orejón (Federación Valenciana), Eliseo Lafuente (AJA Soria), Elena Sáenz de Jubera (AJA La Rioja), Paloma Díaz (AJA Madrid), Cris Sort (JAS Sabadell), Doris Taboada (AJA Tenerife), Ander Blanco (AJA Gipuzkoa) y Rosa Serna (AJA Valencia)

Entrevistamos a su cabeza de lista, Ahinoa Franco, para profundizar sobre su visión de la Abogacía y las líneas claves de su programa.

 

¿Cuál es el rol de la abogacía joven en el CGAE?

En el CGAE se nos da la posibilidad, a través de los miembros de la Comisión Ejecutiva de CEAJ, como representantes de la abogacía joven, de formar parte de sus Comisiones de trabajo y de estar presente en las reuniones de su Pleno, lo que nos permite dar la visión y parecer de la abogacía joven sobre las diversas cuestiones que se tratan y también acercar el CGAE a la abogacía joven, haciendo que no sea un ente abstracto y desconocido para el colectivo.

Pero, desde esta candidatura, consideramos que nuestro papel en el CGAE debe ir más allá del actual y tener una presencia más activa: se nos debe reconocer el voto en dichas Comisiones y Pleno y desde CEAJ debemos impulsar en CGAE iniciativas y proyectos que redunden en beneficio de la abogacía joven, como la lucha contra la precariedad laboral y la supresión de situaciones irregulares como la pasantía o los falsos autónomos.

No debemos olvidar ni descuidar los fines propios de CEAJ, que la Comisión Ejecutiva debe representar y defender en CGAE, por lo que, en el marco de una recíproca colaboración con CGAE, debemos tener una voz propia e independiente, sin ocultar las diferencias o discrepancias puntuales que podamos tener sobre algunas cuestiones para, a partir de éstas, enriquecer la labor de la abogacía institucional.

¿Qué rol dan las instituciones jurídicas de abogados a los jóvenes?

Nos falta mucho camino por recorrer en ese aspecto y es necesario que sigamos trabajando para que la abogacía joven adquiera el reconocimiento que merece y su voz sea oída y respetada. La abogacía joven no sólo debe estar en el CGAE, sino que tiene que ir más allá para que tenga la capacidad de presión e influencia que corresponde a sus 55.000 representados y representadas, siendo un elemento dinamizador de otras instituciones jurídicas.

Por ello, entre las diversas medidas propuestas desde la candidatura que encabezo, consideramos esencial potenciar una verdadera presencia y relación de CEAJ en y con las diversas instituciones y organismos vinculados con nuestra profesión y con el Derecho (Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado, Ministerio de Justicia, Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Asociaciones de Jueces, de Letrados de la Administración de Justicia y de Fiscales, Defensor del Pueblo…), con otras asociaciones y plataformas de operadores jurídicos así como con los agentes sociales, creando grupos de trabajo, a fin de trasladarles nuestras inquietudes y necesidades, así como nuestros compromisos y objetivos para con la abogacía joven y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

¿Qué preocupa a los jóvenes abogados?

Hay muchas cosas que nos preocupan y que afectan de una manera más grave y transversal a la abogacía joven que al resto del colectivo.

Pensemos en la gran cantidad de jóvenes que inician su actividad profesional en despachos con obligaciones pero sin apenas derechos (en muchos casos con su horario, dependencia, subordinación... y sin remuneración económica o quedando ésta a la discreción del empleador) y eso exige que un convenio colectivo que fije unas condiciones laborales dignas se implemente en nuestro sector sin más dilación.

Y no olvidemos los problemas de conciliación personal y profesional (por nuestra edad, nos afectan más las situaciones de paternidad y maternidad, de tener a cargo a personas mayores o dependientes,...), las numerosas obligaciones que debemos asumir en el desarrollo de nuestra profesión (especialmente, de previsión social, pese a unos exiguos ingresos y sin que se tengan en cuenta los ingresos netos, y en materia fiscal, pues los servicios jurídicos están gravados con un 21 % de IVA, a diferencia de otros servicios también fundamentales que gozan de exención o de un tipo reducido de IVA), la escasez de subvenciones y ayudas públicas para constituir o invertir en un despacho y la dificultad para acceder a préstamos hipotecarios, líneas de crédito y demás productos bancarios, dado que, salvo escasas excepciones, los abogados jóvenes no contamos con los rendimientos fijos mensuales que suelen exigir las entidades financieras.

Estos son los principales problemas que pretendemos atajar desde esta candidatura, dándoles una solución real y efectiva.

¿Qué debería preocupar a los jóvenes abogados?

Son muchos los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro y que debería preocuparnos. Cuál va a ser la futura regulación de nuestros derechos laborales en el caso de quienes vayan a ejercer por cuenta ajena, las consecuencias de la liberalización profesional, la introducción de las TIC en nuestro día a día.... Pero también nos debe preocupar la organización colegial, el intrusismo en nuestra profesión, las actuaciones deontológicamente reprobables, etc.

Y para afrontar esa situación, es preciso una CEAJ fuerte y unida, que efectivamente defienda los derechos e intereses de la abogacía joven

¿A qué creéis que se debe que por primera vez haya concurrencia de 3 candidaturas?

Desde que estoy en CEAJ ha existido concurrencia a las elecciones. La abogacía joven es consciente de la necesidad de unirse en AJAS, GAJS, Federaciones y CEAJ y colaborar para que la defensa de nuestros intereses sea más eficaz y eficiente y esto conlleva que los compañeros y compañeras decidan dar el paso de presentarse a las elecciones para trabajar a favor de la abogacía joven.

Creo realmente que la existencia de veintisiete candidatos a las elecciones, en su mayoría mujeres, es motivo de orgullo y demostración de que CEAJ representa a un colectivo numeroso, diverso y plural.

El proyecto que lidero pretende aportar una visión de CEAJ diferente y aumentar su capacidad de actuación, que debe ir más allá del papel asumido actualmente, convertirse efectivamente en el motor de la abogacía joven, tener una voz propia e independiente y actuar con transparencia y eficacia, siempre en defensa de los intereses de la abogacía joven y reivindicando mejoras para ella. A tales efectos, tenemos un proyecto muy ambicioso y que exigirá mucho trabajo y esfuerzo, pero que es realista y creíble, al contar con un equipo compuesto por nueve compañeros con una dilatada experiencia en la actividad de CEAJ, en sus Comisiones de trabajo y en sus respectivas Agrupaciones, muy comprometidos y reivindicativos con la defensa de los intereses de la abogacía joven y con una gran ilusión y ganas de seguir trabajando y afrontando los importantes retos de la profesión.

¿Cuál es vuestra opinión sobre el actual sistema de acceso a la abogacía?

Creo que la postura al respecto que tengamos a nivel grupal o individual los miembros de esta candidatura no es relevante. Nosotros, si resultamos elegidos, deberemos apoyar y defender el resultado del debate y votación que se llevará a cabo en Murcia el próximo día 17 de diciembre a raíz de la elaboración de un informe sobre el actual sistema de acceso a la abogacía realizado por la Comisión de Formación, en el que hemos participado varios miembros de esta candidatura de forma muy activa y que propone diversos cambios del actual sistema de acceso a la profesión.

Por otra parte, aunque se aceptara la superación de una determinada formación y examen como requisitos para el acceso a la profesión, no podemos obviar, pues así lo ponen de manifiesto los propios aspirantes a obtener el título de abogado, que el actual sistema no es adecuado porque no supone sino una carga docente teórica excesiva en la que es necesario poner en marcha un carácter práctico en el acceso (así, es necesario que la práctica se desarrolle antes de las propias prácticas externas en despachos mediante la asistencia a vistas, la realización y visionado de intervenciones judiciales, mayor participación de profesorado que ejerza la profesión y menos profesorado universitario…) y que resulta una traba económica para diversos estudiantes, no existiendo un sistema de becas, ayudas y financiación específico que les permita, con independencia de su capacidad económica, acceder a la profesión.

¿Cómo veis el futuro del turno de oficio?

El Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita son servicios públicos imprescindibles, como lo son la educación y la sanidad, y por ello los poderes públicos deben velar por su mantenimiento, garantizándole financiación pública suficiente y olvidando cualquier intento de privatización o de recorte, que siempre amenaza a este servicio.

Debemos seguir trabajando para que la labor de la abogacía que presta sus servicios en el Turno de Oficio sea reconocida y respetada, tanto por la ciudadanía como por las administraciones públicas; exigir la mejora del funcionamiento y gestión de este servicio público, tanto en lo que se refiere al cumplimiento íntegro y puntual por las administraciones públicas de sus obligaciones económicas como en la reivindicación de que se reduzcan los trámites administrativos y averiguaciones sobre el justiciable a realizar por los letrados; instar la homogeneización de criterios para el acceso al Turno de Oficio y a la Asistencia Jurídica Gratuita; promover una formación continua y especializada de los letrados adscritos a cargo de fondos públicos; y conseguir la revisión, actualización y mejora de los baremos de honorarios vigentes.

Asimismo, debemos instar la introducción en la actual regulación de ciertas mejoras que afectarían al ciudadano (como, por ejemplo, que se tenga en cuenta el SMI y no el IPREM para fijar los umbrales de acceso a ser beneficiario de AJG, ampliación de prestaciones y previsión de turnos especiales para dar respuesta a situaciones concretas que requieren de una formación especializada y suponen un estudio más complejo).

¿Cómo veis la formación de las universidades españolas para los futuros abogados? ¿debe cambiar en algo?

El hecho de que la formación universitaria fuera excesivamente teórica es lo que sirvió para justificar la necesidad del nuevo sistema de acceso a la profesión (pese a que el Máster de acceso también adolece de ser excesivamente teórico). Es necesario que desde la universidad, sin olvidar que debe generarse en el alumnado unos amplios y fuertes conocimientos teóricos, se valore el futuro profesional de quienes están estudiando. Debería encaminarse ese futuro profesional según las expectativas de cada alumno o alumna de modo que quien quiera ejercer la abogacía, judicatura o formar parte del Ministerio Fiscal tuviera mayores conocimientos prácticos de esa profesión. Ahora, cuando un estudiante acaba la carrera, puede tener fuertes conocimientos teóricos pero no tiene la capacidad suficiente para enfrentarse a un cliente, a un juicio o incluso a una simple declaración.

¿Cuáles son las claves de vuestro programa?

Participación, unión, transparencia, eficacia y eficiencia e independencia son las claves que podrían resumir nuestro programa.

Creemos fundamental que la abogacía joven se una y colabore para que nuestra profesión se vea fortalecida. Entendemos que para eso desde CEAJ debemos asegurar la participación de todos los miembros de CEAJ para que ninguna AJA, GAJ o Federación vea limitado su derecho a voz y voto, debiendo a su vez la Comisión Ejecutiva mantener a sus miembros informados de forma puntual de las actividades que realizan y a qué se destina cada euro del presupuesto.

Asimismo, desde CEAJ debemos ser más eficientes y eficaces en nuestro funcionamiento y organización, usando mejor todos nuestros recursos para llevar adelante más proyectos en defensa de los intereses de la abogacía joven y colaborando y participando en las actividades de otras instituciones, organismos, asociaciones, etc que puedan servir para alcanzar nuestros objetivos, pero siempre teniendo voz propia y preservando nuestra independencia, consolidándonos como verdadero representante y referente de la abogacía joven en defensa de sus intereses y como una asociación influyente en nuestro sector y fuera de él.

¿Quieres comentarnos algo más?

Hay muchas cosas más de la que podríamos hablar pero quizá me gustaría acabar defendiendo la capacidad de una Confederación unida, eficiente, transparente y que se vuelque en la abogacía joven (tanto en las AJAS, GAJS y federaciones como en la abogacía joven en general) y en la propia sociedad (organizada o ciudadanía en general) para llevar a cabo todas las medidas que he mencionado antes, convirtiéndose en un instrumento necesario y a tener en cuenta por la Abogacía institucional y el resto de agentes que intervienen en la justicia (CGPJ, Ministerio Fiscal, Ministerio de Justicia y el propio legislador). Porque no hay que olvidar su potencial tanto por número de representados y representadas como por las ganas y capacidad de trabajo para mejorar nuestra profesión y la administración de justicia.

 




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