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La colaboración mutua es fundamental en el funcionamiento de las instituciones. Colaborar es contribuir a su desarrollo; participar en sus decisiones. Su éxito reside en su grado de sensibilidad social. Esto, que parece obvio, es especialmente importante en las Administraciones Públicas ya que, en la medida en la que hagan partícipe al ciudadano de sus decisiones, menor será el rechazo de este a las mismas. Por el contrario, cuanto mayor sea su distanciamiento, mayor será la conflictividad. Y todo, aceptando que no existe un verdadero conflicto de intereses entre lo público y lo privado en la medida en que el interés general nos vincula a todos. Falta, eso sí, un importante esfuerzo pedagógico en hacerlo entender; falta, en definitiva, que lo privado y lo público converjan en el interés general. En el ámbito tributario, una frase ya histórica ejemplifica el sentir y la ilusión de una época en la que tal convergencia era incuestionable: Hacienda somos todos. Pero, para que Hacienda seamos todos, hay que demostrarlo en nuestra praxis diaria. Y ahí está el problema, ya que para la clase dominante esto se limita a poco más que los contribuyentes paguen y que la Administración persiga a quienes no lo hacen. Pero esto es insuficiente. La sociedad, que no rechaza los impuestos, sí rechaza las imposiciones; y las rechaza por su falta de sensibilidad social con el ciudadano; y sin esa sensibilidad, su rechazo será cada vez mayor. ¿Qué hacer pues? Muy sencillo. Cambiar el paradigma e incorporar como valor de lo público la participación de lo privado; la sensibilidad con quienes han de cumplir; la cercanía con el ciudadano. Dos ejemplos nos ilustran lo que pretendemos decir.

Recientemente, la AEAT está realizando actuaciones de inspección con la finalidad de regularizar el IVA de las subvenciones que financian el transporte público municipal, en concreto, el IVA de las subvenciones “vinculadas” al precio de las tarifas. No voy a entrar en el fondo del tema, pero sí en como la AEAT debería afrontar esta cuestión u otras similares. Para precisar más, recordar que no se trata de un caso de fraude ni de elusión; tampoco de una cuestión que incida en el presupuesto público nacional. Altera, eso sí, la financiación local y/o autonómica, pero no la cifra global de déficit publico. Se trata, sin más, de la interpretación que la AEAT hace de una Sentencia del Tribunal Europeo y de la consiguiente modificación normativa y, por tanto, de un cambio de criterio en la aplicación del IVA; cambio, por cierto, importante, porque pone en peligro la viabilidad del servicio público del transporte y que, de continuar, significa inexorablemente un incremento de las tarifas del transporte y/o de los tributos locales y/o autonómicos. Hablamos, por cierto, de unas cifras importantísimas que afectan, incluso, a presupuestos públicos cerrados. Pues bien; ¿no sería mucho más beneficioso reunirse antes con el sector público afectado, valorar conjuntamente el  alcance del nuevo criterio y contemplar, en su caso, un plan de regularización que no perjudique a nadie? No digo no actuar; entiéndase bien. Digo, tan solo, actuar de forma distinta, al menos, en aquellos casos en los que se ha actuado de buena fe, afectan a todo un sector y representan un cambio de criterio. Dialogar con quien no defrauda es un sano ejercicio de sensibilidad social cuyo retorno es evidente. No hay nada mejor que sentirse partícipe de un problema que hay que solucionar conjuntamente. Requiere, solo, creerse de verdad que Hacienda somos todos y que el conflicto de intereses existe tan solo para quienes no hacen nada para evitarlo.

Otro ejemplo. La Resolución de la DGT de 10 de febrero de 2016 interpreta que las entregas de monturas para gafas correctoras tributan por IVA al tipo del 21 % y no al 10 %. Perfecto. Una vez más no entro en la cuestión de fondo pero sí en sus consecuencias prácticas. Tal resolución supone un cambio de criterio en lo que era la práctica habitual del sector que, en consecuencia, se ve obligado a regularizar situaciones pasadas con la repercusión económica que ello representa. Pues bien; la solución que propongo exigiría que, antes de dictar esa resolución, se estudiara con los afectados sus efectos y se estableciera, en su caso, un plan de regularización. No se trata de no pagar, sino de hacerlo sin ocasionar  tensiones económicas; con seguridad jurídica. Una vez más, no me refiero a un caso de fraude ni de elusión, sino a un criterio general que, por las razones que fuere, se considera erróneo. Sí, ya sé. La Ley cambió en 2014 y Hacienda no tiene ninguna duda en su aplicación. Pero, ¿la tienen las empresas afectadas? Es obvio que sí ya que se trata del comportamiento de todo un sector. Estoy convencido de que si se hubiese trabajado conjuntamente, los resultados positivos serían evidentes además de generar confianza, cercanía y sensibilidad. Y todo, por cierto, para que, según parece, la futura Ley de Presupuestos ponga fin a este despropósito.

Propongo, pues, una colaboración social basada en la efectiva participación del contribuyente en lo público; sugiero, por tanto, incorporar como valores de la Administración la cercanía y la sensibilidad para con el ciudadano; participación que requiere que lo “privado” se integre en la estructura orgánica de lo “público” participando desde el momento cero en todas las decisiones que afectan con carácter general a los ciudadanos. ¿O Hacienda no somos todos?




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