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Un grupo de eurodiputados ha firmado una carta oficial para mostrar su perplejidad ante la deriva procesal que ha tomado el ‘caso Kokorev’, la investigación al supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España, Vladimir Kokorev, su esposa Julia y su hijo Igor. Estos dos han permanecido 24 meses en la cárcel canaria de Juan Grande y ahora ven cómo se les aplica como medida cautelar un ‘arresto domiciliario’ que les impide abandonar la isla de Gran Canaria, una medida insólita en la historia de la justicia insular. El primero, el empresario ya anciano y enfermo, arrastrará 27 meses en los próximos días en prisión provisional.

La carta oficial, firmada en Estrasburgo por los diputados Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Aldo Pariciello y Heinz Becker, ha sido dirigida al Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, al Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Serrano Lesmes. El documento exige a las autoridades judiciales de España poner fin a esta “horrible violación de los derechos humanos”.

Los europarlamentarios ponen en duda que en el caso del jubilado empresario las autoridades judiciales en Canarias estén respetando la resolución del 5 de octubre de 2017 del Parlamento Europeo, en la que se establecen las mínimas condiciones bajo las que debe aplicarse y prorrogarse la prisión preventiva.

La carta valora positivamente la reciente puesta en libertad de Julia y su hijo Igor. En duros términos denuncia la decisión de la Juez Ana Isabel de Vega de no decretar la libertad a pesar de que la propia Audiencia Provincial de Las Palmas ha señalado que “no hay un horizonte a la vista para el juicio” y de que, en todo caso, no habrá juicio de ninguna manera en los dos próximos años. Así, los eurodiputados se preguntan: “¿cuál es el propósito del encarcelamiento si no es el de producir daño y sufrimiento adicional?”.

En planteamientos igualmente directos, denuncian que “tan flagrante desprecio de la presunción de inocencia de un ciudadano europeo es una afrenta a los valores de la Unión Europea, y es increíble que se puedan estar llevando a cabo en un Estado miembro”. En este sentido, reprochan a la magistrada De Vega su insistencia en que Vladimir Kokorev comparezca en los tribunales y no a través de videoconferencia, y ello aun a pesar del daño físico y psicológico que le produce a cualquier anciano, más a un enfermo crónico, el traslado en furgón policial.

Por último, en la misiva se subraya desde el Parlamento Europeo que se seguirá con la monitorización del ‘caso Kokorev’ y que se hará escrutinio del mismo por parte de las más relevantes autoridades de la Unión Europea. Como colofón, Fulvio Martusciello, Bárbara Matera, Aldo Patriciello y Heinz Becker muestran su preocupación por el hecho de que “bajo el objetivo de una investigación, se están ignorando los principios más básicos que deben gobernar cualquier Estado de derecho, como el derecho a un juicio rápido (…)  no es aceptable que en Europa se arrastre una investigación durante una década, y se sitúe a ciudadanos europeos entre rejas bajo el pretexto de que la instrucción es compleja, mientras hay en marcha un proceso prospectivo que se traduce en violaciones horribles de derechos humanos”. El propio Martusciello ha propuesto la creación de una comisión parlamentaria independiente para investigar las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo “por el sistema judicial en las Islas Canarias”.

La jueza advierte a la UDYCO de un delito de desobediencia a la autoridad

El nuevo impulso de las instituciones europeas para fiscalizar la polémica actuación de la Justicia Canaria llega en el momento en que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha prohibido la puesta en libertad de Vladimir Kokorev, a pesar de haber aportado bienes inmuebles para cubrir los 600.000 euros que se le impuso de fianza.

La Sala, compuesta por Miguel Ángel Parramón, Inocencia Eugenia Cabello y Carla Vallejo rechaza “que los bienes designados sean idóneos para la constitución de la fianza, toda vez que los mismos se encuentran a disposición de la presente causa” y, por consiguiente, bajo investigación. Aunque se da la paradoja de que, según señalan los abogados de la familia hispano-rusa, “aun aceptando a efectos dialécticos que algunos bienes ofrecidos pudieran ser ‘efectos del delito’, es imposible que la vivienda sita en Paseo de las Canteras (…) de Las Palmas, lo sea, por cuanto ésta se adquirió en el año 1996, años antes de los hechos bajo investigación”.

Las defensas de los Kokorev recuerdan que la propia Audiencia Provincial, al fijar la fianza de 600.000 euros, lo hizo acordando una cantidad que, “sin ser simbólica, sí permitiese su pago”; y concluyen que nos damos de lleno en la circunstancia de que “la prisión se está convirtiendo en el cumplimiento anticipado de la pena, proscrito por el Tribunal Constitucional”.

Entretanto, y ya bajo la lupa de Europa por violación grave de derechos humanos, la jueza Ana Isabel de Vega acaba de apremiar a la UDYCO para que se pueda cumplir la orden de la AP de facilitar a las defensas de los Kokorev la copia de los volcados de los soportes informáticos del material que fue incautado a la familia hace más de dos años. En una última providencia “reitera nuevamente a la Policía Judicial encargada de la investigación para que se aporte los volcados de los ordenadores y dispositivos informáticos incautados”, así como el USB aportado por el testigo Ismael Gerli, investigado por graves delitos en su país, Panamá.

No sólo eso, la magistrada De Vega requiere para que la UDYCO aporte “la totalidad de los correos electrónicos cruzados entre la policía investigadora y el testigo Ismael Gerli”, tal y como solicitan las defensas. Asimismo, advierte a la policía “de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad dado el tiempo transcurrido [dos meses] sin que nada se haya manifestado que dificulte la entrega de los mismos”.

 




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