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El Ministerio renueva para este año el crédito de seis millones de euros a las comunidades autónomas para la implantación del Programa de Reforma de la Administración de Justicia

Ultima Conferencia Sectorial que mantuvieron ayer tarde las CCAA con competencias transferidas y el Ministro en funciones de Justicia, Rafael Catalá con parte de su equipo, para analizar el desarrollo de la implantación de Lexnet en el territorio nacional. Como ya sabrán nuestros lectores,  los problemas que se están generando son notables, sobre todo en los órganos judiciales donde los juzgados se han convertido en impresoras de las demandas de los abogados. Hablar de Lexnet es hacerlo de la botella medio vacía y medio llena.

Para las CCAA, un ejemplo las palabras de la Consejera de Justicia, Gabriela Bravo el problema es de falta de liderazgo del Gobierno y de inversiones para que todas las CCAA puedan estar a la altura que se les exige. Todas las CCAA se comprometen a impulsar las nuevas tecnologías y a dotar de medios materiales a la organización judicial, a la vez que Justicia y los colegios profesionales se reúnen semanalmente para hacer el seguimiento de la implantación de LexNET. Para el Ministro Catalá, la situación no es tan grave y anuncia nuevos créditos por importe de seis millones de euros para las CCAA con competencias transferidas. Mientras tanto el sistema se colapsa cada cierto tiempo y la esperanza de llegar a tener el expediente digital electrónico el siete de julio se diluye.

Ampliado el crédito a las CCAA

Ultima sectorial que celebraron ayer Ministerio de Justicia en funciones y CCAA para analizar los avances de la implantación del desarrollo de comunicaciones móviles entre operadores jurídicos y juzgados a través de LExnet, iniciativa que como saben nuestros lectores arrancó por ley el pasado 1 de enero de este año. Frente al clima de desánimo y falta de medios perceptible en alguna CCAA, el Ministro Catalá trató de levantar el ánimo a los asistentes a dicha reunión. Desde Justicia se minimizan los problemas de la modernización de Justicia y se ha ampliado para este año 2016 el crédito a dichas CCAA por seis millones de euros.

La distribución de crédito por comunidades autónomas es la siguiente:

COMUNIDAD AUTÓNOMA          CREDITO,       PORCENTAJE

ANDALUCÍA                                     1.381.629            23,0%

ARAGÓN                                           192.144              3,2%

ASTURIAS                                        173.357               2,9%

CANARIAS                                        351.476              5,9%

CANTABRIA                                        97.002             1,6%

CATALUÑA                                      1.112.909            18,5%

COMUNIDAD VALENCIANA                 779.320           13,0%

GALICIA                                             427.611             7,1%

LA RIOJA                                            45.306              0,8%

COMUNIDAD DE MADRID                1.048.138            17,5%

CFDE NAVARRA                                  93.192              1,6%

PAÍS VASCO                                      297.917              5,0%

TOTAL                                            6.000.000               100%

Las comunidades autónomas beneficiarias de este crédito se comprometen a destinarlo a la reforma de la Administración de Justicia y en concreto, al impulso de las nuevas tecnologías, la dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial y a la implementación de mejoras que incidan en la prestación de un servicio público de calidad, en los términos que se acuerden en los correspondientes convenios.

Apuesta por una justicia digital, abierta e innovadora

En esta oportunidad, y a diferencia de otras Conferencias Sectoriales, fueron los consejeros de Valencia, Gabriela Bravo y Conrado Escobar, por parte de La Rioja, los que únicamente mantuvieron contacto con los medios informativos. Ambos dirigentes señalaron que las 12 CCAA con competencia transferida apuestan por esta justicia digital, abierta e innovadora. Al mismo tiempo señalaron la necesidad que desde el Gobierno se dote de más presupuesto esos créditos para hacer frente al esfuerzo modernizador que se pide. En el caso de la Generalitat Valenciana supimos que el proyecto va con considerable retraso y que será en junio cuando se pueda lograr el enganche a Lexnet. La propia Consejera Bravo señaló que su CCAA estaba estudiando el cambio de Cicerone, sistema de gestión actual a otro más moderno que pudiera ser más interoperable.

Catalá, por su parte, agradecía el esfuerzo realizado en estos meses por las comunidades autónomas para cumplir con el mandato legal y ha subrayado que las comunicaciones electrónicas están permitiendo acortar los plazos de tramitación de los procedimientos judiciales. Si para un procedimiento ordinario se empleaba antes una media de 60 días en la presentación de escritos y los actos de comunicación, ahora el plazo se reduce a apenas 19 días. 

Desde el día 1 de enero, el sistema de comunicaciones electrónicas LexNET se ha ampliado a 145.600 nuevos usuarios, un 240% más que en 2015, lo que ha permitido hasta la fecha el intercambio electrónico de cerca de 8 millones de notificaciones y la presentación por esta vía de 166.800 escritos iniciadores de procedimiento y de 738.000 escritos de trámite. Datos que reflejan, ha dicho el ministro, que el sistema LexNET es robusto pero que requiere una estricta monitorización hasta su plena estabilización, así como el desarrollo de actuaciones que aseguren la disponibilidad del sistema cuando se registra una alta concurrencia de usuarios.

Catalá ha señalado que en este proceso de ajuste de LexNET se está trabajando de forma conjunta con los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales a través de comisiones mixtas provinciales que se reúnen semanalmente para hacer el seguimiento de la aplicación e identificar y resolver las incidencias. 




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