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Madrid, 13 ene (EFE).- De las 73 leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados y el Senado, un total de 42 regulan cuestiones derivadas de decisiones adoptadas por la Unión Europea (UE), lo que se traduce en un 57 %, informó este viernes la Oficina del Parlamento Europeo en España.

"Para recuperar o no acabar de perder la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, la mejor manera es demostrar la eficacia de estas instituciones", explicó el director general de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, durante un desayuno informativo en la Oficina de la Eurocámara en Madrid en el que se presentaron estos datos.

Duch destacó la "interrelación cada vez mayor" de la legislación comunitaria con la nacional y, muestra de ello, son las cifras que arroja este estudio desde que se empezó a realizar en el año 2019, cuando el 42,31 % de las leyes españolas tenía origen europeo. En 2020, esta cifra fue del 50 % y en 2021, del 51 %.

En concreto, en 2022, de las 42 normativas nacionales derivadas de otras comunitarias, 21 se corresponden con la transposición de directivas europeas al ordenamiento jurídico español o con la aplicación de reglamentos, mientras que el resto derivan de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas que tienen su origen en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el Consejo.

Entre las más representativas, se encuentran la ley de Telecomunicaciones a nivel nacional, que aplica el código europeo de comunicaciones electrónicas, o las normas que impulsan la ciberseguridad, así como la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ha tenido un amplio debate a nivel nacional, apuntó la periodista responsable de la elaboración del informe para el PE, Leonor Pérez.

Otras que también tienen un gran impacto en la ciudadanía y que han sido incorporadas al ordenamiento jurídico español en los últimos años han sido la ley de residuos y suelos contaminados, el impuesto sobre el uso de plástico o la reciente ley que establece las normas para adaptarse a la PAC, especialmente relevante para el sector agrícola nacional, destacó Pérez.

Finalmente, al ordenamiento jurídico español también se han incorporado otras medidas relacionadas con el impacto de la guerra en Ucrania -derivadas del Consejo Europeo-, que implican cambios en cuestiones como el ahorro energético.

A nivel europeo, la legislatura europea actual -iniciada en 2019- ha sido "muy fructífera", en palabras de Duch, quien destacó, no obstante, que aún hay cuestiones que necesitarán desarrollo en el plano nacional en el futuro.

Se trata, por ejemplo, de las leyes recientemente aprobadas sobre Servicios y Mercados Digitales, que "obligan a las grandes plataformas a aceptar una serie de requisitos" y de las que desde Bruselas ya se están viendo algunos resultados, como las reuniones esta semana del consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, con varios comisarios europeos.

En un contexto en el que se han puesto a debate cuestiones sobre valores europeos como la democracia y el Estado de derecho, "la mejor manera de atacar el desconocimiento que produce la desconfianza de los ciudadanos hacia la política es mostrar el origen europeo de esas normas que les afectan día a día", apuntó por su parte la directora de la Oficina del PE en España, María Andrés.

Esta Oficina, destacó Andrés, es la única que realiza este esfuerzo para concretar las normas europeas que se traducen en legislación nacional.

De cara al término de la legislatura, Duch recalcó la importancia de que "las prioridades legislativas de la UE y, concretamente, del Parlamento Europeo, coincidan con las de los ciudadanos", reflejadas en los últimos eurobarómetros elaborados por las instituciones comunitarias, como son "luchar contra el coste de la vida o contra el cambio climático", y atender a nuevas preocupaciones como "la defensa de la paz", concluyó




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