Pamplona, 11 oct (EFE).- La titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona ha condenado a 11 meses de prisión a un vecino de la capital navarra por tratar de irrumpir en la casa de su exmujer para quitarle a sus hijos.

El hombre, que quería acceder a la casa para llevarse a los dos hijos comunes, se personó en la vivienda de su exmujer y, a sabiendas de que con ello “podía atentar contra la integridad física” de ella, dio un fuerte empujón a la puerta, que acabó golpeándola en la cara, informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El procesado, de 39 años, deberá indemnizar por las lesiones y daños causados con 329,70 euros a la víctima, a la que no podrá acercarse a menos de 100 metros ni comunicarse con ella durante 2 años.

Según la sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, el acusado y la víctima contrajeron matrimonio en 2011 y se separaron de hecho en 2020 y tuvieron dos hijos.

Sobre las 20 horas del 25 de enero de 2021, el encausado, cuya vivienda se encuentra enfrente de la de su ex, a escasos 200 metros, se personó en la casa de ella.

La mujer abrió sin saber que se trataba de su exmarido y este, tras dar el citado golpe en la puerta que la lesionó, le dijo que le diera a los niños, que se los quería quitar. En ese momento, según recoge la sentencia, se inició un forcejeo entre la mujer que quería evitar que entrara y él que quería impedir que cerrara la puerta.

Como consecuencia del empujón en la puerta y del posterior forcejeo, la víctima sufrió lesiones en la cara, mano, antebrazo y abdomen, por los que requirió asistencia facultativa. Se recuperó en 7 días.

Como consecuencia del acometimiento contra la puerta de la vivienda, que tenía la cadena de seguridad puesta, se desencajó el marco. Su reparación ascendió a 84,70 euros.

La juez considera los hechos declarados probados como constitutivos de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, por el que impone 11 meses de prisión; y un delito leve de daños, por el que fija una pena de multa de 540 euros.

Respecto a la prueba practicada, la magistrada destaca la declaración de la víctima, señalando que no hay indicio alguno que permita concluir que haya podido ver unos hechos que en realidad no han existido fruto de un delirio vinculado a un supuesto temor de que el acusado le quite a los niños.

La juez añade que no se ha acreditado por la defensa, ni consta en la causa ninguna situación que pueda generar duda o sospecha de que la denunciante pudiera estar faltando a la verdad.

A mayor abundamiento, precisa que son por todos conocidas las ambivalencias de este tipo de víctimas, que al igual que suelen tardar en formular la primera denuncia, luego se retractan de ella y pretenden su retirada, lo que tiene su fundamento en dependencias emocionales, familiares y sociales innatas a este tipo de delitos o en la normalización de la violencia.

En el caso enjuiciado, según la magistrada, la víctima ha dado buena cuenta tanto de sus ambivalencias como de la normalización de la violencia cuando declaró: “Hay tantas cosas no denunciadas (...), lo vas retrasando por el entorno laboral, por los hijos, hasta que llega un momento en que dices hasta aquí”.

Los hechos denunciados cuentan además con corroboraciones objetivas de carácter periférico como el parte médico correspondiente al día siguiente a los hechos y la testifical de la niñera, quien escuchó los ruidos y los gritos de un hombre y, posteriormente, vio tanto las heridas que tenía la denunciante como los daños en la puerta.