“Jamás torceremos nuestras decisiones siguiendo las indicaciones de nadie y traicionando nuestro juramento a la Constitución”, destaca Díaz-Castroverde. Considera preocupante que se minimicen las consecuencias de la situación del CGPJ porque “el poder judicial es la piedra angular del Estado de Derecho y, su correcto funcionamiento, la mejor expresión de la paz social, la economía y el progreso”. Advierte que la falta de personal del Imelga está llevando a los juzgados a una “situación límite”

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha analizado hoy durante el acto de Apertura del Año Judicial de la comunidad algunas de las consecuencias derivadas de la situación de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante su intervención, ha lamentado que la incapacidad para renovar el órgano provoque que se dude de la independencia judicial. “Los jueces jamás torceremos nuestras decisiones siguiendo las indicaciones de nadie y traicionando nuestro juramento a la Constitución”, ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que el CGPJ es un órgano de Gobierno, el cual “carece de influencia en las resoluciones que dictamos los jueces y juezas”. 

No obstante, Díaz-Castroverde ha denunciado que la no renovación del Consejo es “una seria y gravísima anomalía constitucional, que puede que sirva a otros intereses, pero que no son los que conciernen a la ciudadanía, a la democracia y al Estado de Derecho”. Por ello, ha afirmado que es “preocupante” que se minimicen las consecuencias de la situación actual del CGPJ, pues ha recalcado que el poder judicial es “la piedra angular del Estado de Derecho y, su correcto funcionamiento, la mejor expresión de la paz social, la economía y el progreso”. 

En su discurso, el presidente del Tribunal Superior también ha advertido de la falta de personal del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que está llevando a los juzgados y tribunales que dependen de la emisión de sus informes para avanzar en la tramitación de los procedimientos a una “situación límite”. Por ello, ha explicado que la Sala de Gobierno ha aprobado en el pleno de hoy urgir a la Xunta la ampliación del personal de los equipos psicosociales del Imelga para evitar el colapso. El TSXG, según ha destacado, demanda “soluciones estructurales, no coyunturales”, por lo que entiende que la plantilla debe ser “estable y especialista en el ámbito judicial”. 

“Los retrasos en la emisión de informes de cierta complejidad, entre los que figuran los relativos a la valoración integral de víctimas de violencia de género o los relacionados con procesos de separaciones o divorcios, son inadmisibles”, ha asegurado el presidente del Tribunal Superior en su discurso, durante el cual también ha afirmado que los juzgados de Familia, los de Violencia sobre la Mujer y los de Instrucción son “los órganos más afectados por esta falta de personal y, en última instancia, las víctimas”. 

En relación a la nueva Ley Orgánica para luchar contra la violencia sexual, Díaz-Castroverde ha manifestado que, además de cambios legislativos, lo fundamental es “conseguir una transformación social real” para acabar con la violencia hacia las mujeres, al tiempo que ha abogado por construir “un frente común contra el maltrato”. Además, ha advertido de que en el primer trimestre de este año las denuncias por violencia machista han aumentado en Galicia un 18 %. 

En cuanto al funcionamiento de la Justicia en la comunidad, ha explicado que los asuntos en trámite han descendido un 2,5 % en el primer semestre de 2022, en comparación con las mismas fechas de 2021, año en el que los juzgados y tribunales de la comunidad “ya consiguieron superar los efectos de la pandemia”. Entre enero y junio de este año, los órganos de la comunidad han resuelto más de 170.000 casos. 

Para terminar, el presidente del alto órgano judicial gallego ha analizado algunos de los retos que la Justicia gallega deberá afrontar en el curso judicial que ha comenzado hoy. Entre ellos, ha destacado el traslado de todos los órganos de Vigo a la Cidade da Xustiza y la celebración del juicio por el accidente del tren Alvia, que comenzará el 5 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. Respecto a la nueva sede judicial de Vigo, inaugurada el pasado 24 de mayo, ha demandado al Gobierno gallego “actuar con la máxima diligencia para evitar lo que actualmente son incertidumbres en la ciudadanía y preocupaciones en los jueces”. 

Además, ha reiterado algunas de las demandas del TSXG, entre ellas la implantación de un expediente judicial electrónico “que realmente funcione”, la creación de las plazas para las Audiencias de A Coruña y Pontevedra, ya solicitadas para este año, y la implementación de las guardias de 24 en A Coruña y Vigo.