Se tratan de dos informes, uno del vocal conservador Wenceslao Olea, que dice que la norma es inconstitucional y otro de la progresista Mar Cabrejas, que sí le ve encaje en la carta magna, que el Consejo debatirá el próximo jueves 21, si bien todo apunta a que saldrá adelante el primero respaldado por la mayoría conservadora.

El informe que se apruebe se enviará al Senado, que es la cámara que ha encargado su redacción al órgano de gobierno de los jueces.

Olea advierte de la "inconstitucionalidad" de la norma, critica su "deficiente técnica jurídica" y su "arbitraria" tramitación parlamentaria, considera que no hay interés general y que la ley "socava el derecho a la igualdad" entre los ciudadanos al tiempo que entiende que "el texto vulnera la separación de poderes" porque "no resulta admisible que el Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones de los tribunales", salvo en los indultos.

Además, aboga por dejar fuera de la amnistía todos los delitos de terrorismo y advierte de que dejar sin efecto una orden europea de detención puede ser contrario al derecho de la UE.

Por su parte, Cabrejas sostiene que "el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico", ya que "no existiendo una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar" esta medida.

Así, aunque ve que la amnistía puede tener encaje legal, su informe también es crítico con la ley cuando dice que "contiene algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas" y pide concretar el espacio temporal de la proposición.

Sobre el terrorismo, la ponente pide que se defina lo que se consideran violaciones graves de los derechos humanos al tiempo que deja claro que "modular o eliminar el efecto suspensivo de la cuestión prejudicial no parece que esté al alcance del legislador nacional".

De los informes ha hablado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, que ha arremetido contra el texto de Olea, que avalan "unos cuantos vocales conservadores del CGPJ, que, por su cercanía al PP" no tienen ninguna imparcialidad para valorar ni la ley de amnistía ni ninguna otra.

Los documentos llegan a dos días del pleno del Congreso que votará la amnistía y que Vox trata de que no se celebre al anunciar que pedirá al Tribunal Constitucional su suspensión cautelar, algo que ya reclamó hace una semana sin éxito a la corte de garantías, que ni siquiera respondió a la petición del partido de Santiago Abascal, que ya no goza del mínimo de 50 diputados para recurrir al TC.

"El Gobierno está muy nervioso y quiere que la ley de amnistía se vote cuanto antes", ha dicho la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que ha advertido que su grupo parlamentario seguirá tratando de detener este "ejercicio de corrupción".

Y mientras el Congreso y el Senado han adelantado que enviarán a la Comisión de Venecia sus diferentes alegaciones al informe sobre la ley de amnistía, cuyo borrador se conoció hace unas semanas y que el Gobierno y el PP interpretan de forma distinta.

La Mesa del Congreso ha analizado dos documentos de alegaciones a la Comisión de Venecia, uno del PP y otro conjunto de PSOE y Sumar, y ha decidido enviar ambos textos precisando que uno es apoyado por la "mayoría" de la Mesa y el otro por la "minoría".

En otro sentido, la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha dado luz verde a sus alegaciones para la comisión, que se reúne este viernes para aprobar su dictamen definitivo.

Aunque los documentos no han trascendido, los argumentos de los partidos son previsiblemente diferentes, ya que mientras el Gobierno y el PSOE creen que el borrador de la Comisión de Venecia avala una norma "impecable y positiva" y que "cumple con los estándares internacionales", el PP considera que la comisión cuestiona varios puntos como la tramitación de la ley a través de una proposición de ley, al tiempo que aboga por una reforma constitucional.