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La entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y su aplicación en el marco de la reducción de penas ha abierto una polémica que inició la Ministra de Igualdad acusando a la judicatura de machista y, por ende, a los abogados y abogadas que ejercen el derecho de defensa de los clientes que pueden beneficiarse de las medidas que establece la Ley.

Ante esta situación el Consejo General de la Abogacía Española tambén ha tomado posición, en este caso, en defenda de los profesionales que ejercen la abogacía. Reproducimos el comunicado del CGAE.

"En relación con las descalificaciones contra la abogacía, procedentes de distintos ámbitos, sobre su actuación en la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Consejo General de la Abogacía quiere manifestar lo siguiente:

● La petición y la concesión de reducción de penas ligadas a la entrada en vigor de una nueva ley forma parte de la lógica de un buen número de reformas del Código Penal llevadas a cabo desde que fue aprobada la Constitución de 1978.

● El recurso al insulto y la descalificación de los profesionales de la abogacía en el ejercicio de sus funciones no es ni será nunca el camino para solucionar un problema de cuya generación son ajenos.

● El conjunto de la abogacía lamenta y rechaza todos y cada uno de los comentarios vertidos contra los letrados y letradas que, en el ejercicio de sus funciones, han buscado, buscan y buscarán la mejor defensa para sus representados, antes, durante y después del proceso penal conforme es su obligación deontológica".




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