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El magistrado de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Carlos Vielba, ha admitido ser el autor de distintas expresiones xenófobas contra ciudadanos de Rusia, Italia, Rumanía y Kósovo, a pesar de lo cual el Consejo General del Poder Judicial ha decidido desestimar cualquier tipo de sanción contra Vielba rebajando la gravedad de sus expresiones “xenófobas y gravemente injuriosas”.

La conversación objeto de la denuncia fue grabada en dependencias de la AP de Las Palmas el 23 de septiembre de 2016 por su compañero, el juez Salvador Alba. En ella, el magistrado que, por el momento quedará impune, concluye que todos los rusos que salen de su país, especialmente si son jóvenes, son unos “mafiosos”; que lo mismo ocurre con los italianos de Roma hacia el Sur; que los albanokosovares son unos “delincuentes”; y remata en alusión a las rumanas, que a juicio de Vielba “son todas putas”.

El denunciado, que podría haber incumplido deliberadamente su deber de abstención (417.8 de la LOPJ) dados los procesos desarrollados en Canarias contra ciudadanos de alguna de esas nacionalidades, se ha defendido asegurando: “el autor de las expresiones fui yo, las mismas se efectuaron por muy desafortunadas (o cualquier otro adjetivo que se quiera utilizar) que sean, en tono humorístico en el office de la oficina judicial”. Y acto seguido ha enumerado en informe ante el Consejo General del Poder Judicial las causas en las que ha intervenido (todas con resultado desestimatorio), y todas las que guardan relación con las diligencias previas 373/2006 que se tramitan por el juzgado de instrucción nº5 de Las Palmas, y en las que entre otros investigados se encuentran los miembros de la familia Kokorev, españoles de origen ruso acusados de ejercer de testaferros de Teodoro Obiang.

El Promotor de la Acción Disciplinaria exculpa al ‘magistrado xenófobo’ al concluir que la lectura de la transcripción de la conversación deja ver expresiones “desafortunadas” pero “por otro lado genéricas y no concretadas a ciudadanos incursos en asuntos conocidos por el Magistrado [como el de la familia Kokorev, casi dos años en cárcel preventiva en la prisión de Juan Grande]; lo que excluye que estuviéramos ante una omisión del deber de abstenerse del conocimiento de asuntos del Magistrado”.

A eso añade el PAD que las expresiones xenófobas fueron proferidas por Carlos Vielba en base a “conversaciones personales sin que en ese momento se ejercieran funciones judiciales”. Así, “sin perjuicio de que el contenido de las grabaciones pudieran ser relevantes para los órganos de jurisdicción o pudieran provocar efectos en ámbito procesal”, archiva la denuncia en el ámbito disciplinario sin establecer responsabilidades disciplinarias por xenofobia o animadversión o parcialidad contra ciudadanos de determinadas nacionalidades.

El Consulado Honorario de la Federación Rusia en Canarias estudia recurrir la resolución del CGPJ. Asimismo ha informado de la misma a los abogados de la familia Kokorev, que supuestamente y según la juez Ana Isabel de Vega lavaron unos 20 millones de euros del régimen de Guinea Ecuatorial usando una cuenta de destino del Banco Santander en Las Palmas, donde tenían residencia.

A juicio del letrado del Consulado ruso, José Antonio Penichet, Igor Kokorev (el hijo de Vladimir y Julia) al ser “joven, de origen ruso, vivir fuera de su país y con dinero, cumple todos los requisitos a los que el juez Vielba se refiere sobre los mafiosos”, y este magistrado ha intervenido hasta en nueve ocasiones, bien para prorrogar el secreto de las investigaciones, bien para mantener en prisión provisional sin posibilidad de fianza a los miembros de esta familia.

No es la primera denuncia/queja que reside en el Consejo General del Poder Judicial en relación a las actuaciones de determinados miembros de la justicia canaria en el llamado ‘caso Kokorev’. Hace seis meses, el Parlamento Europeo se dirigió a través de dos de sus eurodiputados al CGPJ para que esclareciese las presuntas y graves irregularidades/ilegalidades que se podrían estar llevando a cabo por el Instrucción nº5 de Las Palmas y por la propia investigación policial de la UDYCO.




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