¿Conoces el caso de Deliveroo? Esta plataforma digital de entrega de comida a domicilio, acabó teniéndose que retirar del mercado español, por tener una forma de prestar servicios que no era acorde con las exigencias laborales. [1]¿Y conoces los desafíos que plantea el nuevo Reglamento de servicios digitales? Algunas plataformas como X se plantean tener que retirarse del mercado europeo, por las altas exigencias de control de contenido. [2]
O aún peor, ¿has oído hablar del caso Theranos? En 2016, Silicon Valley se vio sacudida por el fraude de la entidad Theranos. Esta empresa desarrolló una tecnología sanitaria que prometía realizar los análisis de sangre con una muestra muy pequeña. Prometía revolucionar el sector sanitario y, el boom inicial fue tan enorme que recaudó 700 millones de dólares en sus primeras rondas de inversión. Sin embargo, el sistema no fue capaz de hacerlo nunca; información que la Compañía ocultó durante años. Tras descubrirse el fraude, y que la Compañía enfrentase una serie de pruebas legales y comerciales por parte de autoridades médicas, les acabaron retirando la licencia CLIA y la fundadora fue condenada a cumplir más de 11 años de prisión. [3]
Esta situación que parece sólo de grandes empresas o de películas conspiratorias, ocurre también a menor escala en más ocasiones de las que imaginas. El 90% de las start up fracasa [4] y, el 18% lo hace por barreras regulatorias. [5]¿Imaginas pasar meses desarrollando un producto invirtiendo esfuerzos y dinero y que no pueda comercializarse por vulnerar aspectos básicos de la regulación? ¿o acabar siendo penalmente responsable de un desarrollo por no cumplir los aspectos más básicos de la regulación?
Esto normalmente ocurre porque los equipos legales y técnicos de las empresas avanzan en los proyectos sin entenderse.
El delicado equilibrio entre la tecnología y el laberinto regulatorio
Los abogados y los ingenieros de las start up están condenados a entenderse para no perder tiempo ni dinero, y para no tener que enfrentar peores consecuencias. El principal riesgo de no establecer un lenguaje común entre estas profesiones radica en la falta de alineación entre el desarrollo tecnológico y los requisitos legales.
Por un lado, la falta de una comprensión de las regulaciones pertinentes puede generar conflictos internos entre equipos, retrasar los plazos de entrega, implicar la pérdida de oportunidades por la incapacidad para adaptarse rápidamente a cambios regulatorios o tecnológicos, suponer la desconexión entre la visión estratégica de la empresa o la pérdida de la confianza de los clientes y, en definitiva, llevar al fracaso de los proyectos.
Por otro, el desconocimiento de los matices legales y éticos asociados, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos de la #IA, puede resultar en consecuencias graves, incluida la discriminación algorítmica, la violación de la privacidad o la vulneración de la propiedad intelectual. Y en última instancia, la falta de responsabilidad corporativa en el desarrollo ético o legal de un producto puede exponer a la start up a sanciones legales, o generar importantes responsabilidades civiles y penales de los propietarios de las empresas tecnológicas, como responsables de sus empresas.
La importancia del lenguaje común: el lenguaje híbrido tecnojurídico
Lograr un lenguaje común entre abogados e ingenieros puede ser el factor determinante para evitar retrasos en los procesos o la pérdida de oportunidades comerciales.
Los ingenieros, con su enfoque técnico y orientado a soluciones, pueden haber descubierto una opción innovadora capaz de revolucionar algún aspecto de nuestra vida. Sin embargo, en no pocas ocasiones, la puesta en la tierra de esos proyectos choca con los abogados, que centrados en los aspectos regulatorios y de cumplimiento, pueden caer en el rechazo al proyecto, sin atisbar posibles líneas grises regulatorias abiertas y ello, por no entender exactamente el funcionamiento de la tecnología que asesoran.
Los abogados deben comprender la tecnología para poder efectuar asesoramientos precisos y, los ingenieros deben comprender los aspectos legales imprescindibles para la viabilidad del proyecto. De esta forma, el equipo avanzará conjuntamente, aprovechando las fortalezas de cada disciplina para abordar desafíos complejos.
El lenguaje tecnojurídico es la clave del camino al éxito
En el dinámico mundo de las start up, lograr un lenguaje común entre ingenieros y abogados en una start up no sólo es esencial para la eficiencia operativa, sino que también es fundamental para el éxito a largo plazo y la sostenibilidad del negocio. Al fomentar la colaboración, la comprensión mutua y el enfoque centrado en el usuario, las start up pueden posicionarse de manera más sólida en un mercado competitivo y ofrecer productos y servicios más seguros y éticos. Por no hablar de que navegar ágilmente entre los requisitos técnicos y legales permite a las start up mitigar la posibilidad de litigios, multas y responsabilidades penales.
