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  • La Conselleria de Salut y los Colegios de Abogados y de Economistas firman un convenio para reforzar el asesoramiento y la protección de los consumidores afectados por cláusulas hipotecarias abusivas
  • En el caso concreto de la abogacía, el convenio permite dar respuesta y encauzar la asistencia legal de todos aquellos ciudadanos que acuden a Consumo a informarse sobre cláusulas suelo y que manifiestan su intención de contratar asesoramiento jurídico para defender sus derechos
  • El decano del ICAIB reitera la oposición de la abogacía a concentrar en tan solo cuatro juzgados de las Illes Balears la competencia exclusiva para conocer de estos litigios y advierte del posible “colapso” judicial que tal limitación puede llegar a provocar
  • Según la Dirección General de Consumo unos 80.000 usuarios de las islas podrían estar afectados por la existencia de este tipo de cláusulas

La consellera de Salud del Govern de les Illes Balears, Patricia Gómez, el decano de los abogados de Baleares, Martín Aleñar, y el director de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas, Antoni Perelló han firmado esta mañana un convenio de colaboración dirigido a reforzar el asesoramiento y la protección de los consumidores afectados por la existencia de cláusulas suelo u otras cláusulas hipotecarias abusivas.

En el caso concreto de la abogacía, el convenio permite dar respuesta y encauzar la asistencia legal de todos aquellos ciudadanos que acuden a Consumo a informarse sobre cláusulas suelo y que manifiestan su intención de contratar asesoramiento jurídico para defender sus derechos y legítimos intereses en relación a las cláusulas hipotecarias abusivas, pero no saben ni dónde ni a quién acudir.

Para ello, el Colegio mantiene abierto un registro del que forman parte todos los letrados que voluntariamente se inscriben en el mismo, y a quienes se derivará a los usuarios interesados en contratar los servicios profesionales de la abogacía. El compromiso firmado por el ICAIB es que la primera consulta con estos profesionales será totalmente gratuita, si bien las actuaciones posteriores que el consumidor pueda acordar con el letrado ya se insertarán en la relación abogado-cliente en el mercado de la prestación de servicios que las partes hayan pactado libremente.

En el caso de que los usuarios reúnan los requisitos de acceso al beneficio de la justicia gratuita, éstos podrán acudir a los servicios de orientación jurídica para que sea la abogacía de oficio la que asuma la defensa de sus derechos y legítimos intereses.

CONVENIO CONSUM2El convenio es un paso más dentro de las acciones que el Colegio de Abogados de Baleares ha llevado a cabo este año para tratar de dar respuesta a las muchas dudas que plantean los ciudadanos sobre la existencia de posibles cláusulas abusivas en sus contratos de préstamo hipotecario. En este sentido, ha recordado el decano, en el mes de marzo se organizaron una charla informativa y una jornada de puertas abiertas que permitieron a más de 530 ciudadanos recibir una primera orientación legal especializada sobre este asunto.

OPOSICIÓN DE LA ABOGACÍA AL PLAN DEL PODER JUDICIAL SOBRE JUZGADOS ÚNICOS

Durante la rueda de prensa, el decano Martín Aleñar ha recordado que el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española acordó hace unos días presentar recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que concentra en tan solo 54 juzgados de todo el país la competencia exclusiva para conocer de los litigios relacionados con las cláusulas hipotecarias abusivas, de los que cuatro están en las Illes Balears.

El decano ha reiterado la preocupación de la profesión por el hecho de que dicho acuerdo pueda llegar a provocar un colapso de dimensiones aún desconocidas en los juzgados designados, no sólo porque la cantidad de tribunales asignados para estas causas es “del todo insuficiente”, sino también por el hecho de que éstos tendrán competencia exclusiva sobre los litigios de cláusulas hipotecarias, pero no excluyente, por lo que deberán seguir conociendo de otros asuntos. Un riesgo aún mayor – ha añadido el decano- si se tiene en cuenta que son miles los ciudadanos que han podido verse afectados (unos 80.000 en Baleares según la Dirección General de Consumo) y que la respuesta ofrecida a los consumidores por algunas entidades bancarias “no está siendo muy adecuada”, por lo que es más que probable que “muchos de estos casos lleguen a judicializarse”.

Martín Aleñar ha recordado, además, que los partidos judiciales de Inca y de Manacor no tendrán ningún juzgado para dichos asuntos, por lo que los usuarios de las comarcas del Raiguer y de Llevant – y los profesionales que los defiendan- se verán obligados a desplazarse para defender sus derechos y legítimos intereses, “con el sobrecoste que ello conlleva para los afectados”.

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