Así, los principales incentivos se centran en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio (exención en las acciones o participaciones sociales de entidades) y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (con bonificaciones entre el 95% y el 99% en función de la Comunidad Autónoma), siempre que se reúnan una serie de requisitos establecidos en la normativa aplicable (estatal y autonómica).

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