El TEAR anuló la sanción impuesta a la entidad al albergar dudas razonables sobre el hecho de que las notificaciones, en el caso de requerimiento de información, llegasen a conocimiento efectivo de sujeto alguno con poder de decisión en la sociedad y que habían sido recibidos en el domicilio fiscal de la interesada y haberse hecho cargo de dichas notificaciones una persona que se encontraba en dicho domicilio y era empleado de la entidad.