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Un municipio aprobó una tasa dirigida a los todos propietarios de fincas, bajo el concepto de “guardería rural”, cuyos servicios no fueran concretados en la ordenanza fiscal. Al poder estar gravándose servicios de vigilancia pública o de vigilancia privada exigida a los cotos, la ordenanza fue impugnada. No obstante, durante su tramitación, el Secretario municipal emitió un informe en el que se citaban los servicios que otro municipio prestaba por un concepto similar.



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