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Nuestro despacho denunció la referida obligación en febrero 2013 ante la Comisión Europea. Denunciamos por considerar que NO TODO VALE EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. Las sanciones previstas en dicha normativa por cualquier incumplimiento de esa obligación, incluso por su presentación fuera de plazo, son devastadoras, incluso confiscatorias (fácilmente pueden superar el 120% del valor de los bienes) y ¡NO PRESCRIBEN, como ocurre con los delitos de genocidio o terrorismo!.



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