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El fin de semana anterior al puente de la Constitución, el BOE nos trajo un paquete de medidas en forma de Real Decreto-ley que, a decir de su preámbulo, tiene como objetivo principal la consolidación de las finanzas públicas. Se trata del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, que introduce novedades en el Impuesto sobre Sociedades, los Impuestos Especiales sobre Productos intermedios, el alcohol y las bebidas derivadas y sobre las labores de tabaco (cuyos tipos se incrementan), la Ley General Tributaria y el Impuesto sobre el Patrimonio (que se prorroga en 2017 -sin perjuicio de las normativas autonómicas-), además de aprobar la actualización anual de los valores catastrales (que tradicionalmente se hacía mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que, por motivos obvios, no podrá aprobarse antes de fin de año).



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