El 21 de junio de 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la sentencia del caso South Dakota v. Wayfair, ha cambiado su jurisprudencia para establecer que un Estado federado puede gravar una venta en su territorio a un consumidor final en la imposición sobre el consumo y exigir el impuesto a la empresa vendedora aunque ésta carezca de una presencia física en ese territorio. No podemos analizar aquí el significado de esta sentencia en el ordenamiento en el que surge pero sí queremos advertir de sus implicaciones en la fiscalidad internacional.

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