La aplicación de beneficios fiscales asociados a los proyectos de Investigación y Desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) continúa siendo una cuestión controvertida en nuestro país, sujeta a cambios de criterio doctrinales y jurisprudenciales, y disquisiciones técnicas que poco contribuyen a reforzar la seguridad jurídica y reducir ineficiencias asociadas a los procesos de acreditación de estos beneficios.

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