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La lucha de la Administración Tributaria contra el fraude fiscal, dentro del cual cabe también incluir sin ninguna duda al blanqueo de capitales, ha supuesto, desde la Ley 36/2006, que los notarios estemos obligados a  conocer y posteriormente a comunicar a aquélla los datos relativos a la identificación personal y fiscal de los comparecientes en nuestras escrituras, la referencia catastral de los inmuebles y las cantidades y medios de pago empleados, así como su procedencia, entre otros datos, dando así cumplimiento no sólo a la citada ley, sino también al resto de las normas que regulan esta materia tanto en la Ley Hipotecaria como en nuestra normativa y reglamento notarial.



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