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La Constitución española, en su artículo 31, dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo. El delito fiscal constituye uno de los más genuinos ejemplos de delitos económicos con el que se trata de proteger no sólo el erario público sino también a toda la política económica y social con incidencia sobre el ahorro, la inversión, la distribución de la renta nacional, entre otros bienes jurídicos



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