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Hace más de un año comentábamos (aquí) la hoy celebérrima Sentencia de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional que vino a declarar inconstitucional varios preceptos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, concretamente relativos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más comúnmente conocido como plusvalía municipal. Dicha declaración de nulidad venía motivada porque el conjunto normativo afectado permitía gravar situaciones inexpresivas de capacidad económica o, dicho en términos más sencillo, supuestos de transmisiones en los que materialmente no se había producido ningún tipo de incremento de valor o plusvalía.



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