Como es sobradamente conocido, la Constitución española recoge en su artículo 18 como un derecho fundamental de la persona, la inviolabilidad del domicilio, el cual debe quedar exento de invasiones de las autoridades o Administraciones Públicas. Como consecuencia de esa protección constitucional, el Tribunal Supremo ha venido estableciendo que el Estado no puede adentrarse sin autorización judicial en el espacio de exclusión que cada ciudadano dibuja frente a terceros- su domicilio-. (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016. Recurso núm. 1789/2015).