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El TSJ Cataluña (sentencia de 5 de octubre de 2018, rec. 114/2016) se sitúa ante la aplicación de los requisitos del IRPF para que la actividad de arrendamiento y compraventa de inmuebles pueda ser considerada como empresarial a los efectos del Impuesto, así como para determinar si concurren las correspondientes reducciones en el ISD.



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