El nuevo régimen intenta paliar los desequilibrios económicos que conlleva su realidad insular, introduciendo beneficios en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (cuando se actúa en Baleares a través de un establecimiento permanente) y en el IRPF (para quienes realicen actividades económicas en estimación directa en dicho territorio), aunque menos ambiciosos que los existentes en Canarias y, además, solo hasta 2028.

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